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España podría instalar un millón de cargadores si se impulsan los objetivos de CO2

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Alrededor de unos 970.000 puntos de recarga públicos podrían instalarse en toda España hasta 2035 si se refuerzan los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de acuerdo con los compromisos del Pacto Verde de la Unión Europea, según un estudio de Transport & Environment (T&E).

 

La organización entiende que el Gobierno y los eurodiputados españoles pueden presionar para elevar el grado de ambición de la Ley de Emisiones de CO2 para vehículos más allá de lo propuesto por la Comisión Europea con la certeza de que habrá «suficientes» puntos de recarga.

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Según el análisis, podría haber hasta 420.000 puntos de recarga públicos en España para 2030 como resultado del Proyecto de Ley de Infraestructura para Combustibles Alternativos de la UE, que exige a los Estados miembros que implanten una infraestructura de recarga acorde con el crecimiento del parque de vehículos eléctricos.

 

Actualmente hay unos 12.000 cargadores públicos en España, pero la Comisión Europea y el Gobierno reconocen que se necesitarán muchos más. Aunque la gran mayoría de las recargas seguirá realizándose en los cargadores privados de los domicilios y lugares de trabajo.

 

Asimismo, los grupos de presión del sector automovilístico europeo quieren que hayan unos 2,9 millones de cargadores públicos en España para 2035, según un análisis de T&E sobre sus demandas. Esto haría que los cargadores se utilizaran menos de una hora al día, muy por debajo de las 3,6 horas necesarias para que sean viables económicamente, según el propio sector.

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T&E ha señalado que los objetivos del sector automovilístico eran innecesariamente elevados y requerirían enormes subvenciones públicas continuas para la red de recarga.

 

Los objetivos del sector se basan en «suposiciones poco realistas», como que el 60% de la recarga será pública y que el vehículo eléctrico medio en 2030 será menos eficiente que los modelos actuales.

 

«La recarga pública es una de las principales preocupaciones de los conductores, y los gobiernos deberán, por ley, abordar esta cuestión ampliando las redes nacionales en consonancia con el parque de vehículos eléctricos. El gobierno y los eurodiputados españoles no tienen por qué frenar el fomento de objetivos de CO2 para coches más ambiciosos por miedo a la falta de puntos de recarga», ha señalado Carlos Rico, experto en electrificación de coches en T&E.

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