El pasado martes 14 de noviembre, el Gobierno de España, a petición del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anunció la ampliación del Plan Moves III, poniendo fin a meses de incertidumbre ante la inminente fecha de caducidad de dicha norma.
Una medida que ha pillado por sorpresa al sector, pero que sin duda supone una inyección de energía para la movilidad eléctrica (que lo necesitaba de urgencia).
La movilidad eléctrica está ganando adeptos en España: el 66% de los consumidores que planean comprar un vehículo en los próximos dos años desean que este sea eléctrico, según el informe ‘Mobility Consumer Index’ de EY.
Pero las intenciones no son suficientes. Necesitamos convertirlas en realidades si pretendemos cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) para 2030. Por ese motivo, la noticia de ampliación del Plan Moves III despierta la esperanza en el sector, ya que permite alargar el plazo para la solicitud de ayudas hasta el 31 de julio y, con ello, la expansión de la movilidad eléctrica en las carreteras españolas.
La renovación del Moves III ha pillado por sorpresa al sector, pero supone una inyección de energía para la movilidad eléctrica
El Plan Moves III original fue aprobado en 2021 con el objetivo de eliminar la barrera económica del vehículo eléctrico. Las ayudas que proporciona son a fondo perdido; es decir, no requieren de devolución en el futuro, por lo que su concesión supone un revulsivo a la economía de los usuarios potenciales de movilidad eléctrica que ven menos prohibitivo abandonar los modelos clásicos de automoción por una manera de desplazarse mucho más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
El problema de este incentivo para la compra de vehículos es que puede llegar a demorarse hasta un año debido a una burocracia extremadamente lenta, lo que obliga al usuario a adelantar el dinero y esperar su reintegro en el futuro.
No solo los usuarios particulares verán más sencillo adquirir un vehículo de estas características, sino que el parque de puntos de carga puede verse beneficiado en gran medida, ya que se mantienen las ayudas a su instalación de hasta entre 45-70%.
Este incentivo contribuirá a mejorar y universalizar la red, sin embargo, los operadores de recarga aguardamos por más claridad sobre potenciales cambios y simplificaciones del proceso actual para solicitar estos incentivos.
Los operadores de recarga aguardamos por más claridad sobre potenciales cambios y simplificaciones del proceso actual para solicitar estos incentivos
En los años anteriores, solicitar estos apoyos han requerido de procesos burocráticos complejos, que han ralentizado la obtención de estos incentivos. Este punto cobra más importancia ante el retraso latente en la puesta en marcha de los puntos de carga en España.
El Gobierno, había fijado como meta contar con 100.000 puntos a finales de este año 2023 y la realidad es que apenas hay 15.000 operativos. El Ejecutivo debe seguir trabajando en este punto, acelerando los plazos de instalación, que son desmesurados, actualmente cerca de un 40% de puntos públicos instalados o en fase de instalación siguen a la espera de la obtención de las licencias o permisos necesarios.
Esta prórroga supone también una oportunidad para seguir trabajando en futuros planes y leyes, que garanticen a largo plazo la seguridad de la movilidad eléctrica.
Es el momento perfecto para que las distintas administraciones locales y estatales, se sienten con los players del sector, y juntos podamos buscar soluciones permanentes que impulsen la expansión de una manera de moverse limpia y responsable. Esta prórroga del Plan Moves III no deja de ser una medida temporal, y dentro de siete meses estaremos enfrentándonos a los mismos temores e incertidumbres de las últimas semanas.
Laura Goncalves es General Manager de Powerdot España
