El pleno del Consistorio de Barcelona ha aprobado con el apoyo de ERC, PSC y los concejales no adscritos una tasa de 71 euros anuales por bici o moto en concepto de ocupación de la vía pública. Además, próximamente aprobará un decreto con las condiciones que deberán cumplir las empresas por obtener licencias y que fija un tope de 7.300 bicis y motos, según ha informado elpais.com.
Por su parte, la plataforma que agrupa a los operadores, Smart Mobility, ha pedido deducciones durante los primeros cinco años. Un descuento que la concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, no ha cuantificado. Además, los operadores también han arrancado el compromiso de revisar (al alza) la cifra total de la flota de vehículos compartidos, ha explicado su portavoz, Anna Merino.
Además, Vidal ha celebrado la regulación ya que quiere promover la movilidad sostenible pero también limitar la cifra de vehículos para que no haya saturación y regular el disputado espacio público. Por ahora, el decreto deja fuera los coches compartidos.
Para operar, las empresas deberán presentarse a un sorteo y entre las condiciones que deberán cumplir si quieren operar en Barcelona figurará que paguen el impuesto de circulación en la ciudad; que los vehículos estén geolcalizados para comprobar si aparcan correctamente (en aparcamientos para bicicletas en el caso de las bicicletas); que retiren vehículos averiados; y que cedan los datos de la operativa al Ayuntamiento, para poder comprobar si cumplen con todo lo anterior. La nueva normativa entrará en vigor en junio o julio.
