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Europa advierte a España sobre la aplicación de las directivas de seguros de automóviles

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La Comisión Europea ha instado a España a completar la transposición de dos directivas fundamentales de la legislación comunitaria y ha amenazado con llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no actúa en un plazo de dos meses.

En su informe de infracciones, Bruselas ha comunicado que España aún no ha implementado completamente la directiva sobre seguros de automóviles en su normativa nacional.

Bruselas ha enviado este ultimátum a España junto con otros cinco países (Bulgaria, Letonia, Malta, Rumanía y Portugal) por no haber integrado la directiva de seguros de automóviles en su legislación, teniendo en cuenta que debía haberse incorporado antes del 23 de diciembre de 2023.

Esta norma busca reforzar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico, clarificando las condiciones de cobertura de seguros de automóviles y creando un mecanismo de indemnización en caso de insolvencia de la aseguradora.

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Bruselas había advertido por primera vez a estos seis Estados en enero de este mismo año, señalando la urgencia de aplicar la directiva para asegurar la protección de las víctimas en la Unión Europea.

El plazo de dos meses establecido en este momento es una advertencia final antes de llevar el caso al Tribunal de Justicia si no se produce la incorporación normativa.

La directiva de seguros de automóviles incluye disposiciones para facilitar el cambio de aseguradora por parte de los usuarios y asegura, por ejemplo, que se respeten las declaraciones de siniestralidad de forma no discriminatoria, además de prever una serie de controles de cumplimiento para el seguro obligatorio.

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Bruselas considera que la armonización de esta normativa es clave para proteger a las víctimas y mejorar la eficiencia del mercado de seguros de automóviles.

Si España y los demás países afectados no implementan las medidas requeridas, Bruselas podría proceder a elevar los casos al máximo tribunal de justicia europeo, abriendo un proceso judicial que podría conllevar sanciones financieras.

La Comisión ha señalado que continuará supervisando la situación y que tomará todas las medidas necesarias para garantizar que los Estados miembro cumplan con sus compromisos europeos en ambas áreas.

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