La Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), entre las que figuran El Corte Inglés o Carrefour, ha propuesto un plazo transitorio de tres años para instalar 20.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos.
El secretario general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), Marcos Casado, ha solicitado una «mayor proporcionalidad y racionalidad» en el despliegue de la red de infraestructura de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, ante la «imposibilidad» técnica y material de poder alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno para el 1 de enero de 2023.
Durante su intervención parlamentaria en la Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno, Casado ha señalado que solo las empresas de Anged deberán acometer la instalación de 20.000 puntos de recarga antes del 1 de enero de 2023, frente a los 17.000 totales que hay ahora en toda España.
Con una inversión de entre 3.000 y 6.000 euros por cada punto de recarga, el despliegue de esta red no solo requiere de una fuerte inversión para las empresas, si no de una capacidad técnica (empresas instaladoras autorizadas) y una adecuación del resto de normativa (municipal, prevención, seguridad, entre otras) que no se da en estos momentos, según señala la patronal de la gran distribución.
España es el único país de la UE que ha decidido adelantar dos años los requisitos mínimos establecidos por la Directiva europea de eficiencia energética.
Por eso, desde Anged se propone un plazo transitorio mayor para la obligación de implantación de los puntos de recarga.
En concreto, Casado ha propuesto un plan progresivo para instalar el 20% del total de plazas antes del 1 de enero de 2023, el 50% antes del 1 de enero de 2024, y el 100% de las estaciones de recarga para el 1 de enero de 2025.
El secretario general de Anged ha solicitado además ayudas efectivas para el despliegue de estas infraestructuras y, sobre todo, una disminución de las trabas administrativas, las cargas burocráticas y los complejos trámites de las licencias, que retrasan en exceso las nuevas instalaciones de puntos de recarga.
