La Ley de Movilidad Sostenible incorporará los servicios profesionales de alquiler sin conductor —incluyendo el carsharing y el rent a car— tras la aprobación de la normativa el pasado día 13 en el Congreso de los Diputados, que incluye además 20 enmiendas finales entre las que se encuentra la citada incursión de estos servicios de movildiad.
El texto reformulado establece un marco más definido para este tipo de actividades al integrar el rent a car y el carsharing en los criterios comunes de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), según detalla el Boletín Oficial del Estado y ha comprobado Fleet People.
En este sentido, el articulado revisado incluye referencias explícitas al “arrendamiento sin conductor de vehículos de turismo” como actividad sometida a la normativa común de movilidad urbana sostenible.
La reforma confirma que tanto el carsharing como el alquiler tradicional sin conductor quedan englobados en dicha categoría jurídica, lo que refuerza un tratamiento regulatorio homogéneo para todos los operadores de estas actividades.
Marco urbano y actividad profesional
Las enmiendas precisan que estas actividades deberán ajustarse a los “criterios comunes de acceso y circulación definidos para las Zonas de Bajas Emisiones”, según el texto aprobado.
La inclusión formal del alquiler sin conductor dentro del perímetro regulatorio de las ZBE introduce un marco ambiental que, hasta ahora, no se detallaba de forma tan expresa en la legislación estatal.
En relación con ello, el paquete de 20 enmiendas aprobado por las comisiones parlamentarias añade también la obligación general de que las Administraciones Locales «garanticen» una planificación de movilidad coherente con los servicios profesionales que operan en ciudad.
La norma indica que estos operadores deberán alinearse con los planes municipales de movilidad, incluidas las restricciones ambientales aplicadas en cada término urbano, lo que impacta directamente en la operativa diaria de las compañías de carsharing y rent a car.
El texto oficial añade que las entidades territoriales deberán «supervisar la integración de estos servicios» en sus planes de movilidad para asegurar una convergencia con las políticas de calidad del aire y reducción de emisiones.
