La Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA 2026) arrancó ayer en el recinto ferial de IFEMA (Madrid) y los gestores de transporte público ven el futuro con optimismo, pero también con grandes retos por delante.
Las empresas del sector estiman que será preciso incorporar a las flotas unos 1.300 autobuses al año, ya que según el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), la demanda crecerá hasta un 40%.
Desde ATUC subrayan además que ese crecimiento del parque deberá ir acompañado de una profunda transformación tecnológica, teniendo en cuenta que el 65% de los nuevos autobuses que se incorporen hasta 2030 serán “cero emisiones”.
Es decir, o eléctricos de batería o eléctricos mediante pila de combustible alimentada por hidrógeno.
La misma entidad destaca que esto implicará un importante esfuerzo inversor para los operadores de transporte público, ya que el precio de un autobús eléctrico se sitúa entre 550.000 y 620.000 euros, frente a los entre 250.000 y 285.000 euros de uno de combustión.
A este coste hay que sumar unos 50.000 euros por cada punto de recarga (a razón de punto por vehículo) y alrededor de 55.000 euros para adaptar las cocheras.
Unos 18.000 autobuses de flota urbana y metropolitana
Esta transformación será de gran envergadura, teniendo en cuenta la composición actual de la flota de buses. En 2025, por ejemplo, el parque de autobuses urbanos y metropolitanos se situaba en torno a 18.000 vehículos, de los que siete de cada 10 son diésel y GNC (gas natural comprimido).
Los operadores deberán afrontar el aumento de flota comprando muchos buses eléctricos, según ATUC, ya que los actuales de combustión (que tienen una vida útil de 14 años) serán reemplazados en gran medida por los “cero emisiones”. Y no será solo por conciencia ecológica sino porque el contexto normativo obligará a ello, pues a partir de 2030 el 95% de las compras deberán ser de eléctricos.
Según las estimaciones de la asociación, avanzar hacia flotas más limpias exigirá movilizar alrededor de 3.300 millones de euros anuales en inversiones hasta 2030.
A todo ello hay que sumar unos 8.800 millones de euros anuales para costes operativos en los próximos cuatro años, por lo que el transporte público necesitará más de 12.000 millones al año para asegurar la prestación óptima del servicio.
