El Ayuntamiento de Barcelona está estudiando regular los servicios de carsharing, motosharing y bicicletas con el objetivo de instaurar un marco regulador y adaptarse a la nueva movilidad. El objetivo de la regulación es «promover una movilidad más sostenible, eficiente y segura en la ciudad”, y establece una tasa de 71,51 euros anuales por vehículo para obtener la licencia y poder operar en la ciudad, según EL ESPAÑOL.
Esta tasa se pagaría por el “espacio público” que ocupan estos vehículos estacionados, según el Consistorio de Ada Colau.
La regulación de los vehículos compartidos se basará en el de las bicicletas, aunque todavía no se ha iniciado el diseño de su marco regulador, y la tasa será mayor por el mayor espacio que ocupan, en relación a las bicicletas. La propuesta municipal para regular el uso del espacio público que hacen las bicicletas y motos de viajes compartidos, servirá de borrador para el nuevo marco del carsharing.
En la Ciudad Condal, en la actualidad operan Avancar y Bluemove que cuentan con aparcamientos privados para estacionar y los estacionados en espacios públicos disponen de plazas reservadas con el sistema roundtrip.
En el caso de Madrid, los vehículos compartidos no pagan por el estacionamiento en zonas públicas por tratarse de vehículos de cero emisiones. El Ayuntamiento madrileño abogó por la descongestión del tráfico y la reducción de la contaminación. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ofrece ayudas de entre 500 y 5.000 euros para que los madrileños puedan adquirir vehículos no contaminantes.