lunes 10, noviembre, 2025

ÚLTIMO NÚMERO

NEWSLETTER

Uber, taxi, Cabify…¿Realmente hay sitio para todos en la guerra por la movilidad urbana?

Share & Fleet

En este texto...

Autor

La denominada como guerra entre el taxi y los servicios de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) supone un choque entre dos épocas y pone de manifiesto que algo está pasando en el campo de la movilidad urbana. Del resultado de esta confrontación entre los dos modelos de negocio dependerá la forma que adoptará la movilidad a corto plazo, principalmente de las grandes ciudades españolas, que son las que concentran un mayor volumen de vehículos de plataformas como Cabify y Uber.

Nadie quiere hablar de guerra o de confrontación entre las dos partes. Pero las manifestaciones, las quejas y las demandas al Gobierno ponen de manifiesto que algo no está funcionando y que hay que tomar decisiones para estabilizar la situación, por el bien de los profesionales que se dedican al transporte y de los usuarios del taxi y de los automóviles VTC.

El tradicional dominio por parte del taxi de la movilidad en las grandes ciudades en España se vio sacudido hace unos años con la llegada de nuevos modelos como Uber y Cabify, que introdujeron un negocio diferente valiéndose de una tecnología muy avanzada.

Con servicios sorprendentes y muy valorados por los clientes, como la conexión wifi en los vehículos, la calidad y limpieza de los automóviles o el precio cerrado del trayecto, este tipo de firmas se fue haciendo un hueco cada vez mayor entre los españoles que necesitan desplazarse.

 

 

Los usuarios veían que podían realizar sus recorridos de forma más barata en sus ciudades en vehículos nuevos, limpios, con conexión wifi y también con conductores vestidos formalmente y que les ofrecían agua y la posibilidad de elegir la temperatura del habitáculo y la emisora de radio que querían escuchar.

Música celestial para los ciudadanos que hasta la fecha solo habían podido optar por los taxis para desplazarse, que siempre han ofrecido un servicio eficaz y satisfactorio, a pesar de que es un sector que se había quedado dormido en los laureles  en los últimos años ante la falta de competencia.

El taxi, atado de pies y manos por la regulación de precios y por las exigencias legales, se ha visto impotente en los últimos años ante la llegada de unos servicios más modernos que no están tan regulados y que pueden ofrecer a los clientes cosas que éste no puede. Todos estos factores, junto con la liberalización de las licencias de vehículos VTC durante una época reciente, han provocado una enconada lucha entre las dos partes.

El Gobierno de Pedro Sánchez encontró muchos problemas a su llegada a Moncloa, pero uno de los que antes estalló fue la guerra de las VTC. A finales del pasado julio, miles de taxistas se manifestaron para demandar una solución al reparto de las licencias VTC, que la ley establece en una por cada 30 de taxis, mientras que diferentes organizaciones aseguran que existe en la actualidad una proporción de una por cada cinco de taxi.

 

Movida. En julio se produjeron paros de consideración del sector taxista en varias ciudades de España como protesta contra las VTC.
// FOTOGRAFÍA: MARCOS DEL MAZO

 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se encontró con el pastel nada más llegar y, tras largas horas de negociaciones, optó por una decisión que no parece contentar a nadie.

Así, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se da potestad a CCAA y Ayuntamientos para suprimir las licencias de vehículos de alquiler con conductor, de empresas como Uber y Cabify, en un plazo de cuatro años. De esta forma, las más de 11.000 licencias que existen en España de este tipo perderán la capacidad de dar servicios en las ciudades en este plazo de tiempo. Así, una vez transcurrido este período serán las comunidades autónomas y ayuntamientos los que decidirán si renovar o no las licencias, pudiendo controlar la proporción de vehículos de VTC y taxi a su parecer.

 

Todos a disgusto

Como suele ser habitual en las decisiones de cualquier Gobierno, el Real Decreto Ley en relación con esta batalla no ha sido bien recibido por ninguna de las partes afectadas. Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid y de Antaxi, asegura que la medida del Gobierno “se queda corta” y que Uber y Cabify “han usado” a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “como ariete” para tratar de “desmontar” la estructura del transporte en vehículos de menos de nueve plazas.

También puedes leer...
El beneficio trimestral de Mercedes-Benz cae un 31% y el acumulado del año retrocede un 50%

En declaraciones a Fleet People, Fernández afirma que transportar personas en vehículos sin autorización, con tarifas dinámicas, ya se hacía en España, aunque asegura que se apostó por regular, ante la demanda de la sociedad de tener una garantía en el servicio que se presta.

 

 

“En la sociedad actual una vez que tenemos garantizados los derechos, a veces se tiene la impresión de que estos (los derechos y garantías) son un coste prescindible por parte de los usuarios para obtener un servicio a un coste inferior”, añade.

“El término guerra es un calificativo muy grueso, realmente lo que se está produciendo es un ataque de dos grandes multinacionales que utilizan unos servicios con una autorización de transporte VTC para realizar un servicio para el que no fueron concebidas. Simplificando mucho: ¿Pueden estos vehículos transportar personas? Sí. ¿Pueden prestar el servicio de la forma en la que lo están haciendo? Tajantemente, no”, señala el vicepresidente de Antaxi.

También muestra su opinión ante este conflicto el director de Uber en España, Juan Galiardo, que destaca que en lugar de hablar de “guerra y conflicto” habría que centrarse en la oportunidad que ofrece este momento. “La movilidad está cambiando, avanzando hacia un modelo que necesariamente será menos dependiente del coche privado”, explica a Fleet People.

“El transporte público seguirá siendo la mejor opción para moverse por la ciudad, pero hay zonas o momentos en que se necesitan alternativas. Y entre esas alternativas se encuentran por supuesto el taxi, Uber y otras plataformas, pero también servicios de carsharing, motosharing o las bicicletas o patinetes eléctricos”, subraya.

El directivo recuerda que la intención de Uber es colaborar con el taxi, dado que, en su opinión, es “un claro aliado” para esta plataforma, que ya coopera con este sector en Japón o Turquía y que espera hacerlo “pronto” en otros países, entre los que se incluye España.

 

Ciudadanos. El director de Uber en España, Juan Galiardo, cree que cualquier medida que se lleve a cabo debe dar prioridad al ciudadano. En la imagen, el ejecutivo posa para el objetivo de Fleet People en la sede de la compañía, en Madrid. // FOTOGRAFÍA: DANIEL SANTAMARÍA

 

Estas intenciones se materializarán próximamente en el mercado nacional, según señaló el propio Galiardo al periódico El País, ya que la firma estadounidense está en negociaciones con asociaciones del sector para adaptar su plataforma y dar un servicio específico al taxi.

De esta manera, los usuarios podrán pedir indistintamente taxis o vehículos VTC a través de la aplicación de Uber, lo que puede ser el inicio de un período de paz y de cooperación entre estos dos modelos de negocio.

Galiardo afirma que la regulación debería dar respuesta al contexto actual y, sobre todo, pensar en el ciudadano, que tendrá que seguir moviéndose por la ciudad.

“Si realmente queremos solucionar el problema de polución y contaminación, necesitamos que el ciudadano tenga una alternativa disponible en cualquier momento y punto de la ciudad. Y es en ese contexto en el que la tecnología nos ofrece grandes oportunidades, no solo por la eficiencia de poder conectar en tiempo real la oferta y la demanda sino por la trazabilidad de los servicios y el aumento de seguridad que ofrecen las aplicaciones”, finaliza.

 

¿Hay hueco para todos?

Con la decisión del Gobierno, la movilidad de las ciudades queda en manos de las CCAA y de los Ayuntamientos, pero lo que no está tan claro es cómo se van a desplazar los ciudadanos en los núcleos urbanos en los próximos tiempos. El transporte público jugará, como hace en la actualidad, un papel de gran importancia, el sharing de todo tipo parece que ha venido para quedarse, pero lo que no está tan resuelto es el rol que desempeñarán el taxi y los VTC como servicios de movilidad en el corto, medio y largo plazo.

Según el vicepresidente de Federación Profesional del Taxi de Madrid y Antaxi, los Ayuntamientos decidirán el ámbito del transporte urbano, mientras que las CCAA lo harán en transporte interurbano y el Gobierno en el terreno estatal.

También puedes leer...
La automoción europea termina de tejer su red de cooperación con las firmas eléctricas para escapar de las multas

“Gestionar las necesidades en un Estado con 17 Autonomías y más de 8.000 Ayuntamientos es, de entrada, un entramado complicado, pero no es menos cierto que la pluralidad de nuestro país hace que las soluciones se acomoden a las necesidades de cada ciudad, porque cada ciudad conoce las necesidades propias y cada una de ellas elaborará planes de movilidad adecuados a sus necesidades específicas”, explica Fernández.

 

 

Por su parte, el director de Uber en España considera que todavía es pronto para adelantar cuál será el futuro de la movilidad en el territorio nacional en los próximos años, aunque asegura que desde su plataforma van a seguir trabajando de la mano del sector del VTC para defender los derechos de los 15.000 trabajadores que se ganan la vida conduciendo en España y de los seis millones de usuarios que optan por su tecnología para moverse en las ciudades.

“Los servicios de VTC forman parte del día a día de miles de usuarios en toda España y tenemos plena confianza en seguirá siendo así”, sentencia.

A pesar de que la opción adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a la guerra entre taxi y VTC parece que no sirve para alcanzar una solución definitiva, lo que es cierto es que la movilidad en general y en las grandes ciudades, en particular, está cambiando a pasos acelerados.

Ya sea por la pericia política, por el paso del tiempo o como fruto de largas horas de negociación, taxis y VTC tendrán que entenderse en el futuro para, de una forma pacífica, ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos.

 

 

Un primer paso hacia este posible entendimiento puede ser la intención de Uber de ofrecer servicio de taxi en su aplicación, aunque no habría que descartar otras opciones.

De seguir las confrontaciones se podría generar un sentimiento de rechazo por parte de los usuarios, en el caso de que se repita el bloqueo de ciudades como ya ha pasado con las protestas, que podría desencadenar que estos dejen de usar tanto taxis como coches con conductor para optar por otras soluciones a la hora de realizar sus desplazamientos urbanos.

 

1/30, la anhelada proporción

El epicentro del problema entre las plataformas de vehículos con conductor y el sector del taxi se encuentra en la famosa proporción de licencias de una de VTC por cada 30 de taxi. Esta relación está claro que en la actualidad no se cumple, ya que ha habido un período de liberalización en el que se generaron muchas licencias de este tipo que provocaron una descompensación y que ahora se intenta paliar manteniendo la norma de 1/30 para la nueva documentación.

Galiardo (Uber) señala que, tras el aumento de las autorizaciones entre 2009 y 2015, desde 2015 se respeta el criterio, “puesto que tras la reintroducción no se han concedido nuevas peticiones”. Además, recuerda que en España “leyes no son retroactivas”, de manera que destaca que todas las VTC que operan en el mercado “lo hacen de forma totalmente legal y legítima”. Desde el taxi, el problema se ve de otra manera, ya que Antaxi afirma que, en la actualidad, la proporción en el conjunto de España es de un vehículo VTC por cada 5,5 taxis, lo que son casi 25 taxis por debajo de la proporción que el Tribunal Supremo determinó el pasado mes de abril. “Esto se debe, en parte, a las peticiones masivas de estas VTC por personas que han especulado con las mismas. Encontramos nombres propios como Juan Ortigüela o José Antonio Parrondo, que han solicitado masivamente estas autorizaciones y las han vendido o transferido a grandes fondos de capital riesgo, como King Street Capital, Vector Ronda o Auro, y han pagado cientos de millones por empresas con autorizaciones que han costado 36 euros”, denuncia Jesús Fernández.

¿Dónde quieres recibirla?

    Más información


      Dacia Bigster, el C-SUV más deseado para flotas de campo (y más allá)

      Lo más visto