La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha enviado una carta a las empresas encargadas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana para comunicarles que no les va a prorrogar la concesión administrativa para la prestación del servicio, una vez concluya el contrato, el 31 de diciembre de 2022.
A partir de entonces, la idea de la Generalitat es asumir la gestión directa del servicio, tras 25 años en régimen de concesión, tal y como marca la ‘hoja de ruta’ del Pacto del Botànic.
En la comunicación que Economía ha enviado a las empresas adjudicatarias, recuerda que en 1987 el Gobierno valenciano decidió adscribir a la empresa pública Seguridad y Promoción Industrial Valenciana SA (Sepiva) la gestión del servicio de ITV. Diez años después, en 1997, estableció la fórmula de la concesión y aprobó el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Durante la vigencia del contrato se ha autorizado la subrogación de determinados lotes a diversas mercantiles, de forma que la nueva empresas se subrogaba en la posición de la anterior concesionaria. No se ha modificado, por tanto, el período de concesión.
El PCAP prevé que «la concesión se otorgará por un plazo de 25 años, y se puede prorrogar por periodos sucesivos de 10 años cada uno, siempre que no intermedie denuncia expresa previa por cualquiera de las dos partes otorgantes comunicada con, al menos, un año de antelación del plazo inicial o de cualquier de las sucesivas prórrogas. A estos efectos, se considerará fecha de inicio de la concesión la de la adjudicación de esta».
El plazo previsto para que cualquiera de las partes manifieste su voluntad de denunciar el contrato de concesión finaliza el próximo día 5 de noviembre de 2021, un año antes de cumplirse el mencionado plazo de 25 años, de acuerdo con la cláusula.
Por ello, la Conselleria Economía quiere así comunicar con antelación sus intenciones. «Mediante la presente comunicación se efectúa la denuncia formal prevista en el expediente contractual y le comunicamos que no existirá prórroga», precisa el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.
En todo caso, aunque las ITV no se revirtiera a lo público, la carta apunta que tampoco podría prorrogarse automáticamente la concesión, y argumenta que, «según el Derecho de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación», tal y como ha manifestado recientemente la Comisión Europea en relación a la prórroga de la concesión de determinadas autopistas en España e Italia.
El proceso de reversión que prevé la Generalitat se llevará a cabo en tres fases hasta 2026, prevé también ampliar la red de estaciones (actualmente hay 27 fijas y 13 móviles) para que la ciudadanía pueda tener una a menos de 30 minutos y se estudiará una revisión de las tarifas a los usuarios a la baja.
Para diseñar esta ‘hoja de ruta’, la Conselleria de Economía Sostenible encargó un informe a la consultora Nuve Consulting, cuyos resultados presentó presentaron el pasado mes de diciembre.
El documento, de más de 1.500 páginas, concluía que con la gestión directa del servicio, las ganancias netas para las arcas de la Generalitat, una vez pagados todos los gastos, serán de 39,3 millones de euros anuales. Asimismo, señalaba que si se prorrogara la concesión actual, la ganancia sería de 7,6 millones al año y, en caso de licitar una nueva concesión, sería de unos 19,2 millones.
