Una coalición de 20 fiscales generales estatales ha advertido de que la exigencia de contenido nacional del 100% en los proyectos de recarga eléctrica auspiciada actualmente por la Administración Trump impediría ejecutar un programa federal dotado con 5.000 millones de dólares, cerca de 4.600 millones de euros al cambio actual, al no poder cumplirse las condiciones en la cadena de suministro.
La propuesta parte del Departamento de Transporte de EEUU y se enmarca en la revisión de los criterios encuadrados en el epígrafe Buy America, que regulan el origen de los materiales en proyectos financiados con fondos públicos.
Según recoge Reuters, los responsables estatales de territorios como California, Nueva York, Illinois, Michigan o Colorado sostienen que este umbral «supera las capacidades actuales de los fabricantes».
El cambio eleva la exigencia desde el 55% vigente hasta el 100%, lo que restringiría el acceso a proveedores internacionales en un mercado que depende netamente de componentes y sistemas desarrollados fuera de EEUU.
Impacto directo y definitivo en la cadena de suministro
Los fiscales han señalado que el nuevo requisito «no se ajusta a la estructura industrial actual», donde buena parte de los equipos, semiconductores y sistemas electrónicos proceden de mercados internacionales.
A partir de esta limitación, fabricantes y operadores de infraestructuras verían comprometida su capacidad para «cumplir plazos y costes» en proyectos vinculados al despliegue de puntos de recarga.
Los firmantes sostienen que la medida entra en conflicto con el objetivo del Congreso de acelerar la implantación de estas infraestructuras, ya que «podría retrasar proyectos adjudicados o impedir nuevas licitaciones».
Este planteamiento se produce tras un fallo judicial emitido en enero pasado por la jueza federal Tana Lin, que consideró ilegal la suspensión de fondos destinados a infraestructuras de recarga, un proceso que ya ha sido recurrido por los mismos Estados.
Los fiscales interpretan la nueva propuesta como una continuación de esa línea de actuación, «lo que introduce incertidumbre en el calendario de inversiones y en la planificación de operadores y fabricantes».
El Departamento de Transporte y la Casa Blanca, de acuerdo con Reuters, no han emitido aún comentarios sobre la propuesta.
