La guerra que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió en 2013 frente al sector de automoción español ya se ha cobrado la primera víctima. El regulador ha impuesto una multa a 10 concesionarios del fabricante de automóviles Toyota España de 1,7 millones de euros por establecer prácticas anticompetitivas en el mercado comercial de vehículos nacional, y en concreto, por fijar precios y condiciones comerciales e igualmente por intercambiar datos comerciales sensibles, lo que alteraría, de acuerdo con la CNMC, el funcionamiento adecuado del mercado de la distribución de automóviles.
El expediente incoado y sancionador afecta a los siguientes distribuidores oficiales de automóviles Toyota en nuestro país: A.E. LLORENTE S.A. (167.000 euros), COMAUTO SUR S.A. (244.000 euros), HISPANO JAPONESA MOTOR S.L. (52.000 euros), JUGORSA-JULIAN GOMEZ RODRIGUEZ S.A. (59.000 euros), KOBE MOTOR S.L. (181.000 euros), KURUMA SPORT S.A. (101.000 euros), MADRID CARS 2000 S.A. (123.000 euros), MOTOR ARJONA S.L. (150.000 euros), SUPRA GAMBOA S.A. (417.000 euros) y HERBAMOTOR S.A. (161.000 euros).
Esta multa supone la primera efectiva de un total de siete expedientes abiertos por la CNMC a 187 concesionarios de 10 firmas de coches, entre agosto de 2013 y comienzos de 2014, y entre otros aspectos, según pudo saber Fleet People a través de fuentes del sector de toda solvencia, coloca encima de la mesa de las distribuidoras que pactaron no realizar descuentos a clientes que subieran del 4%.
«Tal y como estamos, y tal y como está la red de concesionarios, es ridículo pensar que andamos compartiendo información sensible. ¿Qué es sensible? Si todos los precios de nuestros coches, con las campañas de descuentos, se pueden ver en las webs de todas las marcas. ¿Eso es compartir información sensible?», se queja a esta revista el responsable de una de las marcas involucradas, que prefiere que no se cite su nombre.
Además del expediente a las marcas y los concesionarios, la CNMC está incoando expedientes y sancionando a compañía del sector involucradas en los hechos, lo que quizás aporta la clave y una de las bases probatorias del asunto.
Según publicó el diario económico Cinco Dias en enero pasado, la compañía ANT Servicalidad, que figura en todos los expedientes a concesionarios, era la responsable de cerciorarse y de informar a todas las marcas —como un caballero blanco, por decirlo así— de que los acuerdos sobre los topes de descuentos se cumplían. Lo contrastaban enviando a clientes falsos a los concesionarios, siempre según Cinco Días, que simulaban la intención de comprar un coche.
Tras esa rutina, otra empresa, Horwath Auditores, era la responsable de multar a quienes incumplieran el pacto de fijación de precios y descuentos.
Según Competencia, ANT Servicalidad trabajaba a través de la sociedad Mistery Shopping El Cliente Indiscreto. El organismo público investigó sus oficinas el 4 y 5 de junio de 2013.
