El Gobierno ha levantado el pie sobre la prohibición de vender vehículos con motorizaciones diésel y gasolina a partir de 2040 y en su lugar se ha propuesto “avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes, seguros y respetuosos con la salud y el medio ambiente”, bajo un anteproyecto de Ley que establece que “se va a trabajar para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050”, de acuerdo con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático al que se ha dado luz verde hoy en el Consejo de Ministros.
Hasta el anuncio del Consejo de Ministros existía un polémico punto en el anteproyecto de Ley que señalaba la prohibición de matricular y vender automóviles con emisiones de dióxido de carbono a partir de 2040 y con el objetivo final de que el parque de turismos y vehículos comerciales de España adolezca de emisiones. Esto es, en la práctica prohibir la venta de coches con motores de gasolina y diésel.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (en la imagen principal) ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que “lo más importante es acompañar ese proceso de transformación y ser enormemente coherentes y prácticos. Esto significa que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada y, por tanto, parte electrificada, son importantes para 2030 pero no se incluye ningún tipo de prohibición, pero sí se incluye en la ley la redacción literal que hace la Comisión Europea en su estrategia de descarbonización a 2050”.
“Recogemos palabra por palabra lo que el comisario Cañete (Miguel Arias Cañete) (lee aquí la info que publicamos sobre el objetivo de emisiones de Bruselas) publicamos sobre señalando para los vehículos ligeros que si queremos cumplir con nuestra metas debemos garantizar que sean de cero gramos de dióxido de carbono en el año 2040”.
El borrador del anteproyecto de Ley redactado y publicado por el Gobierno, cuya nota de prensa puedes consultar aquí mismo, señala también y sin aludir directamente a tipos e mecánicas diésel o de gasolina, que «en desarrollo de la senda de descarbonización a 2050, los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, de conformidad con la normativa comunitaria, han de ser vehículos con emisiones de 0gCO2/km [cero gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido] no más tarde del año 2040, tal y como recoge el borrador de Estrategia a Largo Plazo de la UE, presentado por la Comisión Europea el pasado diciembre».
«De acuerdo con la normativa europea»
El borrador —elevado para consulta pública hasta el próximo 20 de marzo, consulta aquí la versión íntegra— del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 detalla textualmente:
Asimismo, y a más largo plazo, se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i. Con ello se espera que en las dos décadas comprendidas entre 2021 y 2040 el sector nacional de automoción se pueda posicionar de manera flexible e inteligente ante la ineludible transición europea e internacional hacia los vehículos no emisores.
De un lado se establece que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos deberán reducir «paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km», pero la clave se detalla en la primera línea: «de acuerdo con la normativa europea».
El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea acordaron el 17 de diciembre de 2018 y ratificaron a mediados de enero pasado la obligatoriedad de que las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles de turismo —los coches— se recorten en un 37,5% en 2030 y respecto del baremo medio del que dispongan en 2021. En el caso de los vehículos comerciales, la obligación de recorte será del 31%.
Todo ello con un target de reducción intermedio de reducción del 15% para 2025.
Tanto el Consejo de Ministros de la UE como el Parlamento Europeo, que en ningún momento hablan de prohibiciones, han aprobado también el impulso definitivo de las modalidades eléctricas e híbridas enchufables de los vehículos con la idea de incentivar su introducción masiva por parte de los fabricantes de automóviles.
La cuota de mercado diésel en España se situó en el 43,5% del total de matriculaciones el ejercicio pasado, de acuerdo con datos de la consultora especializada MSI Iberia obtenidos por Fleet People y respecto del 54,58% de 2017 y el 61,78% de 2016.
El porcentaje de este tipo de combustible se sigue manteniendo con solidez —aun con descensos— en el mercado corporativo de empresas y flotas, con una cuota del 67,13% respecto del conjunto de las matriculaciones de renting que se efectuaron en nuestro país el año pasado —casi siete de cada 10 ventas con mecánica diésel—.
El diésel también supuso el 72,26% de todas las compras directas de vehículos corporativos efectuadas por empresas.
Plan de «acompañamiento» al sector
El Gobierno señala igualmente que «trabajará para facilitar» la adaptación del sector de automoción «a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, como instrumentos de apoyo a la la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento a este sector».
Asimismo explica que se creará a tal efecto una Mesa de la Movilidad «como órgano de reflexión y asesoramiento para este proceso, con la participación de todos los agentes implicados».
En relación con la participación de los municipios diferentes de España con este proyecto, el anteproyecto de Ley explicita que los municipios de más de 50.000 habitantes deben «fomentar la introducción medidas de lucha contra el del cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; la puesta en marcha de medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electrificación».
En el caso de los puntos de suministro para vehículos sostenibles, y para facilitar su «despliegue», de acuerdo con el texto público, estos deberán contar «con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw» contaban con un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros a finales de 2018.
