La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha advertido de que la retirada o reducción de los programas de ayudas a la compra de vehículos eléctricos «está ralentizando la demanda en varios países de la Unión Europea» y sostiene al respecto que que «los incentivos económicos y fiscales son determinantes para cerrar la brecha de precios entre los modelos eléctricos y los de combustión y garantizar que la transición no quede limitada a los mercados con mayor renta per cápita».
La entidad ha llegado a esta conclusión en el informe Demand Incentives Matter, que muestra una correlación directa entre el Producto Interior Bruto (PIB) de un país determinado y su cuota de mercado de automóviles eléctricos.
En los países con una renta superior a 40.000 euros anuales por habitante, la penetración media de los eléctricos alcanza el 29,7%, frente al 6,9% en los Estados con ingresos medios o bajos.
En este sentido, Dinamarca lidera el ranking con un 63,8% de cuota, seguida de Países Bajos (35%) y Finlandia (34,2%), mientras que Polonia, Bulgaria o Eslovaquia apenas superan el 5%.
Las flotas también son clave en este mercado
La patronal del automóvil europea subraya además que la evolución del mercado «depende directamente de la continuidad de las ayudas» y cita a países como Polonia, donde el programa NaszEauto, dotado con 376 millones de euros, ha duplicado las matriculaciones de eléctricos, mientras que en Eslovenia los incentivos lanzados este verano han incrementado las entregas en un 89%.
En España, la ampliación del plan Moves III, con 400 millones adicionales, ha elevado la cuota de eléctricos al 8,4%, casi tres puntos más que hace un año.
El estudio también señala que los recortes de subvenciones han tenido un efecto inmediato en mercados como Alemania o Francia. En el caso francés, la reducción del presupuesto del bono ecológico a un tercio del nivel anterior ha frenado las ventas de eléctricos en 2025, manteniendo la cuota en el 18%.
ACEA reclama a la Comisión Europea, en este sentido, que priorice las «medidas de estímulo a la demanda frente a los objetivos obligatorios de electrificación», especialmente en el ámbito de las flotas corporativas, para evitar que las diferencias económicas entre Estados miembro se traduzcan en una transición desigual.
