La Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval) ha señalado que solo 20 de los 149 ayuntamientos (13%) que tendrán que implantar zonas de bajas emisiones en sus territorios en 2023 han «iniciado la presentación de sus medidas», por lo que ha urgido a los consistorios a que publiquen las normativas lo antes posible.
El año que viene, todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que implementar zonas de bajas emisiones en su territorio, por lo que la organización ha pedido «claridad» a los ayuntamientos en ese sentido y también les ha apremiado a publicar las normativas «con cierta antelación» para que los usuarios puedan conocer las prohibiciones y restricciones circulatorias con tiempo suficiente.
«En una semana entrarán en vigor las nuevas zonas de bajas emisiones que afectarán a 149 municipios en los que residen 25 millones de españoles, es decir, el 53% de los habitantes de nuestro país (según el Instituto Nacional de Estadística, INE), pero hasta la fecha solo una veintena han iniciado la presentación de sus medidas», ha lamentado la organización.
Asimismo, Aneval también ha solicitado que se ponga en marcha «lo antes posible» la plataforma en la que está trabajando la Dirección General de Tráfico (DGT) y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones.
«Tanto el ‘rent a car’, que constituye la principal oferta de movilidad compartida, como el usuario final que utiliza sus servicios y necesita tener volcada esa información en su navegador, requieren consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos puede acceder a estas zonas y en qué condiciones», ha resaltado la asociación.
Esta plataforma de la DGT debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS para los vehículos puedan advertir de las restricciones cuando se intente acceder a una zona de bajas emisiones.
«El ‘rent a car’, como ya ha hecho saber a las distintas instituciones locales afectadas por las restricciones circulatorias, confía en que todos los servicios de movilidad compartida estén exentos de las limitaciones a la circulación de vehículos», ha agregado Aneval.
En esa línea, la asociación ha apuntado que la ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las regulaciones ha derivado en una «disparidad de criterios» que, «lejos de unificar, confunden todavía más a usuarios y empresas».
«Mientras el último borrador de Ponferrada (León) permite un número limitado de accesos anuales a los coches con etiqueta A, B y C (ampliables si se pagan 25 euros), Santander y Torrelavega no implantarán las zonas de bajas emisiones antes de 2024», ha ejemplificado Aneval.
En tanto, la ordenanza reguladora del Ayuntamiento de Valladolid da por hecho que los vehículos de uso compartido y multiusuario podrán moverse libremente por la ciudad, ha puesto en valor Aneval, por lo que ha solicitado que se reconozca a las empresas de alquiler de vehículos como «una parte fundamental de la movilidad compartida».
«Nuestro espíritu como máximo exponente del coche compartido es colaborar con las administraciones públicas para reducir el nivel de emisiones del parque móvil español, mejorar la calidad del aire de las ciudades y ayudar a descongestionar el tráfico de las urbes pero, siempre y cuando, las normativas sean coherentes, claras y de fácil acceso, y beneficien a todos los actores de la movilidad», ha recalcado el presidente de Aneval, Javier Díaz-Laviada.
