La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha alertado al Consell Insular de Ibiza sobre las «consecuencias legales y económicas» que podría acarrear la implantación de un límite máximo de vehículos de alquiler en la isla.
Según la patronal, la medida, que establece un tope de 16.000 unidades diarias durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, «vulnera principios de libre competencia y seguridad jurídica», lo que abre la puerta a reclamaciones por responsabilidad patrimonial en caso de que los tribunales declaren ilegal la normativa.
El reparto de los cupos entre empresas se realizará mediante un algoritmo de proporcionalidad, fijando un máximo de 600 vehículos por compañía, según ha explicado la patronal del alquiler en un comunicado.
Feneval opina al respecto que esta decisión «perjudica directamente» a las operadoras del sector y contradice las condiciones fijadas recientemente en el concurso de plazas de AENA, «cuyo marco contractual queda ahora desvirtuado».
«Rompe el equilibrio del mercado»
Juan Luis Barahona, presidente de Feneval, ha asegurado que la medida «rompe el equilibrio del mercado» y obliga a las Administraciones Públicas a asumir los efectos de su intervención en la actividad económica.
El directivo también ha subrayado que la industria del alquiler «no genera por sí sola la demanda», sino que responde al flujo turístico.
La patronal ha aludido igualmente a un estudio realizado junto a la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos (Baleval) y la consultora MSI, que indica que los vehículos de alquiler representan menos del 10% del parque móvil que circula por Ibiza, «por lo que no pueden ser considerados responsables de la congestión viaria».
Además, los datos aportados reflejan que la edad media de los vehículos en alquiler es de 2,3 años, frente a los más de 10 años del resto del parque móvil.
En opinión de Feneval, la medida del Consell tiene una orientación proteccionista y «restringe el acceso a la actividad económica con justificaciones medioambientales que no se corresponden con los datos disponibles».
