El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, ha propuesto que la Justicia comunitaria obligue a las empresas envueltas en el cártel de camiones, que fueron multadas con 2.930 millones de euros por fijar precios, a que faciliten a los demandantes la documentación necesaria que reclaman para que estas puedan cuantificar el aumento artificial de precios del que fueron objeto.
Szpunar ha analizado así la interpretación del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, que ha pedido al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea que aclare las pruebas «pertinentes» que deben presentar las compañías que formaron dicho cártel de camiones.
Las compañías demandantes afirman necesitar determinadas pruebas que están en poder de las firmas demandadas para poder cuantificar el aumento de precios, en particular para hacer una comparación de los precios recomendados antes, durante y después del período del cártel.
Concretamente, solicitan tener acceso, en primer lugar, a la lista de modelos fabricados en el período comprendido entre el 1 de enero de 1990 y el 30 de junio de 2018, clasificados por años y según determinadas características; en segundo lugar, a los precios de transferencia de fábrica para cada uno de los modelos, y, en tercer lugar, al costo total de entrega de cada uno de esos modelos.
Por su parte, las empresas demandadas aducen que algunos de los documentos solicitados tendrían que ser preparados expresamente a este fin, lo que supondría una carga excesiva «más allá de la obligación de aportar pruebas» y sostienen que la Directiva europea no obliga a exhibir pruebas no preexistentes, de modo que no puede solicitarse la elaboración de pruebas ‘ex novo’.
Las pruebas contra el cártel
Por todo ello, el Abogado General del TJUE ha solicitado que la directiva europea debe interpretarse en el sentido de que la exhibición de «pruebas pertinentes» está vinculada con los documentos que las empresas demandas tienen que hacer ‘ex novo’.
La sanción comunitaria está relacionada con el caso de colusión relativa al cártel de los camiones por haber celebrado, entre enero de 1997 y enero de 2011, acuerdos sobre la fijación de precios y sus incrementos, así como el calendario y la repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones en el caso de los camiones medios y pesados exigida por las normas Euro 3 a 6.
En el cártel participaron quince fabricantes internacionales de camiones como MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco o DAF y cuya multa conjunta ascendió a 2.930 millones de euros.
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