El Estado de California ha anunciado una propuesta para activar un programa de incentivos públicos dotado con 200 millones de dólares —en torno a 185 millones de euros al cambio actual— destinado a la adquisición de vehículos eléctricos, que estará limitado a consumidores que adquieran un eléctrico por vez primera y que exigirá a los fabricantes que participen en el programa que aporten la misma cantidad equivalente que el Gobierno.
La iniciativa contempla ayudas para reducir el coste inicial tanto de automóviles nuevos como usados, aunque el importe concreto de los incentivos aún no se ha definido.
La iniciativa californiana se produce después de que el Congreso pusiera fin el año pasado a una deducción fiscal federal de 7.500 dólares para comprar vehículos eléctricos nuevos —unos 6.900 euros— y a un crédito de 4.000 dólares para unidades usadas —alrededor de 3.700 euros— con efecto desde el 30 de septiembre.
Por dicho motivo, las ventas de vehículos eléctricos registraron una caída del 46% en Estados Unidos durante el último trimestre del año pasado con 234.000 unidades.
Presión sobre el mercado
A finales de 2024, el gobernador de California Gavin Newsom ya había señalado que, si la Administración Trump eliminaba los créditos fiscales para vehículos eléctricos, propondría una nueva versión del programa estatal Clean Vehicle Rebate Program, apadrinado por el ex presidente Joe Biden y que finalizó en 2023 tras destinar 1.490 millones de dólares —cerca de 1.380 millones de euros— para subvencionar un total de 586.000 vehículos.
En relación con la cuestión ecológica, grupos como Stellantis han indicado ya que dejará de comercializar en Norteamérica las versiones híbridas enchufables del Jeep Wrangler y del Grand Cherokee, mientras que General Motors ha avanzado que asumirá un cargo de 6.000 millones de dólares —unos 5.550 millones de euros— para deshacer parte de sus inversiones en electrificación, principalmente por cuenta de Brightdrop, su fallida división de furgoentas eléctricas de reparto de última milla.
Hay que recordar que el presidente del país, Donald Trump, firmó en junio del año pasado una legislación que impedirá aplicar la estricta normativa que California quería introducir en materia de ventas de vehículos eléctricos.
Un mes después, en julio, el Ejecutivo trasladó a la industria de automoción de EEUU que una nueva ley se encargaría de no exigir el pago de sanciones por incumplimientos de las normas de eficiencia de combustible vigentes desde 2022 y por cuenta de la Administración Biden.
