El Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid investiga un posible fraude valorado en unos tres millones de euros por la venta de cientos de vehículos como chatarra procedentes de un contrato de renting (alquiler con servicios) con una empresa con la que la entidad pública firmó un contrato de suministro de casi 600 vehículos a finales de 2017, según una información adelantada por eldiario.es.
La Guardia Civil accedió el jueves de la semana pasada a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a recabar la información sobre el asunto ya que no obtuvo previamente los datos solicitados.
En la denuncia se especifica que los automóviles se subastaron entre 2017 y 2018 como lotes y con la premisa de que eran chatarra, aunque estos han circulado sin problema alguno porque estaban en buenas condiciones, lo que directamente sitúa el potencial fraude en el orden de tres millones de euros.
En 2017, La Consejería de Fomento y Medio Ambiente adquirió 538 vehículos para los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de Ávila, Burgos y León, de los que 481 unidades eran Suzuki Jimny el resto, 57 Nissan Navara, en un contrato de renting y suministro y mantenimiento suscrito por cuatro años, entre 2017 y 2022.
El contrato de renting con servicios y mantenimiento se estipuló en 7.866.529 euros. Abarcaba más del 70% del total de la flota de la Consejería.
Según ha podido saber Fleet People a través del pliego de condiciones del contrato de suministro, enfocado a la renovación del parque móvil de la guardia forestal de Ávila, Salamanca, Valladolid, este fue firmado por la Consejería de Medio Ambiente con la empresa Monforte S. A. U., integrada en el consorcio corporativo lucense Monbus del que es presidente y propietario el empresario gallego Raúl López.
Posible fraude de renting: 3 millones, el contrato de 7,8
Monforte era la titular del mantenimiento también de los 538 vehículos y de todos sus servicios asociados e inherentes a un “full renting”. En mayo de 2018, según pudo saber esta publicación, ya se habían entregado todos los vehículos, después de que se firmara el acuerdo entre ambas partes.
El contrato esgrimía la posibilidad de ampliarlo un ejercicio adicional, hasta 2023.
Hay que decir que, cuando se produjo la adjudicación y presentación de la flota de vehículos, entidades como CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) criticaron el acuerdo porque según sus criterio no eran adecuados para los agentes medioambientales.
«Estos vehículos, de gama baja, no son adecuados para el correcto desempeño del trabajo de los agentes; son pequeños, no han consultado a los trabajadores y se han saltado la ley de prevención, por lo que hemos presentado denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Burgos», afirmó a la agencia EFE tras el anuncio el delegado sindical de CSIF, Marcelino Arribas.
El grupo socialista en las Cortes de Castilla y León registró el viernes pasado una petición de comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que dé su versión sobre el asunto.
