El Senado de Estados Unidos acaba de aprobar la anulación de la exención otorgada a California por la Agencia de Protección Ambiental en 2022 que permitía al Estado norteamericano imponer un requisito de ventas del 80% de vehículos eléctricos y un 20% de híbridos enchufables en 2035.
La medida, que cuenta con el respaldo de fabricantes como General Motors, Toyota o Volkswagen, pone en suspenso la normativa adoptada por 11 estados más, que juntos representan un tercio del mercado automovilístico del país, según una información publicada por Reuters.
La decisión pasa ahora a manos del presidente Donald Trump y se produce en un contexto de presión de la industria del automóvil.
La Alianza para la Innovación Automotriz, que agrupa a grupos constructores como GM, Stellantis, Hyundai y otras marcas, ha constatado su respaldo a la resolución del Senado, alegando que el cumplimiento de los objetivos fijados por California «obligaría a desviar recursos de inversión y adquirir créditos de emisiones a terceros como es el caso de Tesla».
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha asegurado tras la votación efectiva que su Estado luchará en los tribunales para frenar la decisión, que según sus estimaciones podría suponer un coste sanitario adicional de 41.500 millones de euros.
Desde 1970, y de acuerdo con Reuters, el Estado californiano ha recibido más de un centenar de exenciones en virtud de la Ley de Aire Limpio, pero la Oficina de Supervisión Gubernamental señaló en marzo que este tipo de medidas no pueden anularse bajo la Ley de Revisión del Congreso.
De modo paralelo, hay que recordar que el Senado también votó recientemente la revoación de la aprobación otorgada por la EPA en 2023 al plan californiano para elevar la proporción de camiones pesados sin emisiones y eliminar su regulación sobre óxidos de nitrógeno para vehículos de carretera y maquinaria pesada.
Según Reuters, estas decisiones se enmarcan en una «ofensiva legislativa más amplia que pretende reducir los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos y flexibilizar las exigencias regulatorias para su fabricación».
La norma californiana exigía que el 35% de los vehículos ligeros vendidos en 2026 fueran modelos sin emisiones.
