El Gobierno espera subvencionar al menos 238.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga para esta clase de automóviles hasta 2023 gracias a los fondos europeos Next Generation del plan de Recuperación y Resilencia.
Así se desprende del plan de recuperación enviado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Bruselas, que ha sido aprobado por la Comisión Europea este miércoles, un paso que acerca el desembolso de los primeros 9.000 millones de euros que llegarán en julio.
El Gobierno destinará unos 13.200 millones de euros de los fondos europeos a la estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, de los cuales unos 6.536 millones de euros irán dirigidos al plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.
Entre otras acciones, estas inversiones irán encaminadas a financiar el nuevo Plan Moves III, que tendrá una vigencia más larga (hasta 2023) y estará dotado de 400 millones de euros, ampliables a 800 millones de euros si hay demanda. Con él, el Gobierno espera financiar al menos 238.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga.
Por su parte, también se financiarán al menos 85 proyectos en el marco del programa de ayudas Moves Proyectos Singulares, dirigido a fomentar la innovación industrial, tecnológica y de gestión, así como nuevos modelos de negocio vinculados a la movilidad sostenible.
Los más de 6.500 millones de euros también se destinarán a mejorar las líneas de Cercanías y las estaciones de tren, y unos 1.500 millones irán a parar a proyectos que contribuyan a fomentar la movilidad sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, como la transformación de las flotas de transporte público, la creación de zonas de bajas emisiones, la digitalización del transporte público y otras medidas para priorizar el transporte colectivo y la movilidad activa.
Este Componente 1 del plan del Gobierno pretende acelerar la penetración de la movilidad eléctrica y la delimitación de zonas de bajas emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes y en las capitales de provincia, algo que estará en vigor a partir de 2025.
