El marco fiscal español para los vehículos de empresa continúa situándose por detrás de los principales países europeos en relación con sus incentivos al renting y la movilidad eléctrica, según revela el libro blanco European Vehicle Taxation 2025 publicado por Ayvens Consultancy, la división de análisis del grupo de renting y gestión de flotas Ayvens.
El estudio, obtenido por Fleet People y que examina la fiscalidad del automóvil en 29 países europeos, concluye que España mantiene un nivel impositivo más alto sobre la propiedad y el uso de vehículos corporativos en comparación con países como Francia, Alemania o Países Bajos.
Mientras en estos mercados las deducciones fiscales y los beneficios vinculados a las emisiones de CO₂ se han consolidado como herramientas para acelerar la electrificación de las flotas, en España los incentivos «siguen limitados y dispersos entre programas autonómicos y estatales».
Coche de empresa: entre 1.200€ y 1.400€ de carga fiscal
De acuerdo con los datos de Ayvens, la carga fiscal media anual de un turismo de empresa en España se sitúa entre 1.200 y 1.400 euros, en función de las emisiones y del tipo de energía, frente a los menos de 800 euros en Francia o los 950 euros en Alemania.
Además, el tipo impositivo aplicado al uso personal en nuestro país de los vehículos de empresa, conocido como benefit in kind (BiK), sigue siendo uno de los más elevados de Europa.
El documento destaca que en países como Países Bajos o Bélgica la fiscalidad del benefit in kind se ha transformado en un instrumento para fomentar la movilidad eléctrica: en el primer caso, los vehículos con cero emisiones disfrutan de una reducción del 75% en la base imponible, mientras que en España no existe un tratamiento diferenciado de alcance nacional, por ejemplo, destaca el libro blanco.
Medidas fiscales y marco regulatorio español
El informe de Ayvens subraya también que los incentivos vigentes en España —como el Plan MOVES III, la deducción de hasta el 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos o los programas regionales de electrificación de flotas— tienen un «impacto limitado en el renting corporativo».
La normativa actual prioriza la adquisición directa frente al uso mediante contrato de renting, lo que «reduce su efectividad en el ámbito empresarial», señala Ayvens.
Bajo el contexto de la futura Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada, la firma de renting advierte de que las deducciones fiscales y las ayudas deberán adaptarse a los nuevos modelos de uso de vehículos, y no solo a la propiedad.
En este sentido, el libro blanco propone «vincular los beneficios fiscales al uso real del vehículo, a las emisiones por kilómetro recorrido y al nivel de electrificación de la flota».
El documento también señala que el coste fiscal de los vehículos eléctricos en España se ha mantenido «estable» pese a los objetivos de reducción de emisiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Mientras países como Alemania o Italia han ampliado las deducciones sobre la cuota de renting y leasing, en España no se han introducido medidas de alivio adicionales.
Ayvens pide una armonización fiscal
El responsable de Tax Consultancy de Ayvens, David Watts, ha significado al respecto que “las empresas españolas pagan más impuestos por sus flotas corporativas que sus homólogas de otros países europeos, lo que reduce su competitividad” y sostiene que una armonización fiscal de calado europeo “permitiría que los incentivos funcionaran de manera más coherente en todos los mercados y aceleraría la transición hacia la movilidad eléctrica”.
El informe remarca que España, pese a contar con un parque de renting en expansión —más de un millón de vehículos en flota activa a octubre de 2025, según la Asociación Española de Renting (AER)—, «sigue aplicando un tratamiento fiscal fragmentado que dificulta la renovación de vehículos hacia modelos de bajas emisiones».
Ayvens concluye que la electrificación del renting corporativo en España requiere de la aplicación de una política fiscal «más equilibrada y adaptada a las nuevas formas de movilidad», basada en la neutralidad tecnológica y en la simplificación administrativa para las empresas.
