La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha lamentado que Estados Unidos, en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación, haya limitado la aplicación de los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos «en función de una serie de criterios no relacionados con el clima».
En la primera fase de desarrollo del mercado, los incentivos financieros son vitales para acelerar la adopción de los vehículos eléctricos por parte de los consumidores y crear una masa crítica para el cambio.
ACEA estima que el alcance de los incentivos fiscales para los vehículos eléctricos debe ser «mucho más inclusivo» para lograr el ritmo de cambio medioambiental al que se ha comprometido el sector del automóvil y para alcanzar el objetivo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que el 50% de las ventas en 2030 sean vehículos eléctricos.
La asociación ha denunciado que las nuevas normas restrigen la posibilidad de acogerse a los incentivos fiscales a un número pequeño de vehículos ensamblados en Norteamérica a corto plazo y, a medio plazo, pueden descalificar a cualquier vehículo para obtener dicho beneficio debido a las elevadas normas de contenido local de las baterías.
«Un sistema de incentivos para los vehículos eléctricos debe aplicarse de forma justa y equitativa para que todos los fabricantes tengan la mejor oportunidad posible de cumplir los compromisos climáticos», ha explicado ACEA.
LEY DE REDUCCIÓN DE LA INFLACIÓN
El pasado 12 de agosto el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, una normativa clave en materia de impuestos, clima y salud, con una dotación de 433.000 millones de dólares (436.725 millones de euros al cambio actual).
Esta iniciativa contempla ayudas de 7.500 dólares (7.564,9 euros) por vehículo para la compra de nuevos modelos eléctricos, mientras que los incentivos a la adquisición de eléctricos usados ascienden a 4.000 dólares (4.034,6 euros).
Sin embargo, se incluyen ciertas restricciones, como que los nuevos vehículos no pueden superar el precio de 55.000 dólares (55.475 euros) en el caso de los turismos y de 80.000 dólares (80.692 euros) en el caso de furgonetas y todoterrenos.
Además, para poder acogerse a las nuevas subvenciones públicas, los vehículos deben fabricarse en Norteamérica y a partir de 2023, los modelos con baterías que tengan componentes chinos no podrían recibir las ayudas.
