los fabricantes de vehículos japoneses Honda y Suzuki han formalizado un acuerdo con la firma de automóviles eléctricos estadounidense Tesla Motors con el fin de agrupar sus emisiones de carbono en 2025 y cumplir con los requisitos de reducción de CO₂ establecidos por la Unión Europea.
Así lo recoge un documento legal presentado por las marcas de vehículos citadas ante las autoridades comunitarias que recoge la agencia de noticias Reuters.
Hay que indicar que esta alianza también incluye a Stellantis, Toyota, Ford, Mazda y Subaru.
La normativa europea exige que los fabricantes de automóviles reduzcan progresivamente las emisiones medias de su flota, en línea con los estándares de eficiencia CAFE (Corporate Average Fuel Economy) y hasta 93,6 gramos de CO₂ por kilómetro recorrido —emisiones medias de su gama la venta— en 2025.
Potenciales multas milmillonarias
Hace dos semanas, la Comisión Europea relajó esta medida, y en lugar de obligar a alcanzar esa cifra cuando termine 2025, dio a los constructores automovilísticos tres años totales de plazo para alcanzarla.
Las normativas ampliadas y fijadas inicialmente para 2025 establecen objetivos estrictos en la reducción de emisiones de los vehículos nuevos a la venta, lo que ha llevado a varios fabricantes a recurrir a acuerdos con empresas del sector con volúmenes de emisiones medios bajos o nulos, como es el caso de Polestar o Tesla, que solo venden coches eléctricos.
Este sistema posibilita que las empresas que no logren alcanzar los límites establecidos mínimos de emisiones puedan compensarlas adquiriendo los denominados como ‘créditos de emisiones’ a fabricantes que cuentan con cifras inferiores o con nulas emisiones.
Toyota, por ejemplo, ya cumple hoy en Europa con el límite de 93,6 gramos de CO₂ obligatorio para dentro de tres años y ya ha indicado que prevé continuar reduciendo sus emisiones, lo que le dará pie para vender derechos sobre las mismas a terceros fabricantes.
De no cumplir con la cifra de emisiones legal fijada, las marcas de vehículos se enfrentan a multas que el propio sector de automoción europeo ha estimado en más de 15.000 millones de euros.
