El mercado del automóvil alertaba entre 2007 y 2008 de la llegada de una crisis económica que hoy, ya en 2019, no termina de cerrarse, al tiempo que el mercado de 2018 ha cerrado con un preocupante balance que anota un comportamiento irregular durante el ejercicio y unos últimos cuatro meses en franco declive.
Las estadísticas flotan sobre un escenario inquietante en el que juegan varios factores. Los más relevantes se concentran en la desconfianza de los compradores, de las empresas y de los inversores, en una economía que en este momento ha sido debilitada por los dislates políticos, que han sumido en el deterioro institucional y la inestabilidad social y económica a una España gobernada por un presidente que ha asaltado la Moncloa con el apoyo de los criminales terroristas de ETA, los comunistas antisistema y los secesionistas, y que a toda costa quiere perpetuarse en el sillón, alimentando con ello las incertidumbres económicas.
Los secesionistas, además, propician en Cataluña un estado de deterioro difícil de remontar, con una fuerte caída de la inversión extranjera, de las visitas turísticas y un letargo empresarial de muy complicada recuperación. Y aquí está uno de los datos que de forma inequívoca delata la situación: las ventas de turismos en Cataluña vuelven a retraerse en 2018, con un 2,8% menos en relación al ejercicio anterior, siendo el único registro negativo del mercado español, en el que destaca, por el contrario, el fuerte crecimiento del mercado madrileño, con un incremento del 13,2% (Cataluña ha matriculado 185.105 turismos en 2018 y Madrid 456.130).
La situación no muestra signos de mejora y sí de empeoramiento, a medida que los separatistas siguen dando pasos hacia una independencia imposible y el Gobierno español muestra una evidente inacción o una calculada debilidad. El escenario en esa región española es poco alentador y cabe preguntarse, desde la perspectiva del automóvil, qué hacen SEAT, la marca española propiedad del grupo Volkswagen y afincada en Martorell, y Nissan, automovilística japonesa con sede fabril en Barcelona y Ávila, protagonizando un clamoroso y sospechoso silencio que, entre otros efectos, da fuelle al separatismo.
Otro dato demoledor, además de la fuga de inversiones, es el relativo al desplome del empleo en Cataluña. En 2018, en esa Comunidad se generaban 14.310 empleos menos que en 2017, un 12,9% de caída, mientras en la Comunidad de Madrid se creaban 3.560 netos más que en 2017. Y otro tanto ocurre con la actividad empresarial, lo que nos lleva a un escenario de desconfianza que puede alimentar una nueva crisis, aderezada con los efectos de una subida desmesurada del Salario Mínimo Interprofesional –se calcula por ello la pérdida de 150.000 empleos- y un gasto incontrolado del actual Gobierno y de las voraces Comunidades Autónomas, al que habrá que sumar el dinero esfumado en el tinglado corrupto de las contrataciones de las Administraciones Públicas, estimado en un 8% del Producto Interior Bruto.
La industria del automóvil representa el 9% y el 10% del PIB, lo cual nos da una idea de la riqueza derrochada en España en las últimas décadas, lo que perjudica claramente el desarrollo, entre otros, de la sanidad y de la educación, dos de los pilares del Estado democrático de bienestar. Urge, con las cosas así, que se ponga orden ante tanto desbarajuste o España entrará irremediablemente en un nuevo proceso de desaceleración que puede tener un fuerte impacto en la industria del automóvil, acosada, además, por mensajes irresponsables del Gobierno y de las administraciones locales.
Nos referimos al anuncio de prohibición de los motores térmicos a partir de 2040, a la enloquecida persecución de los diésel y a los cierres al tráfico, poco justificados, de las grandes urbes, especialmente los de Madrid, una ciudad que padece una tenaz persecución ideológica del automóvil. Por cierto, un informe del Ministerio de Trabajo desbarata toda la argumentación de la alcaldesa Carmena en contra del automóvil: los actuales límites de NO2 que activan los protocolos anticontaminación en Madrid son inocuos para la salud y tendrían que darse concentraciones 20 veces superiores para llegar a preocuparnos ().
Y como no es suficiente, 2019 va a ser martirizado con una nueva ofensiva punitiva de la Dirección General de Tráfico. Con el retorno de Pere Navarro a la poltrona de la DGT ha regresado el Torquemada inquisitorial del automóvil. Con más castigos quiere meter en cintura la siniestralidad del tráfico rodado, con apenas mil muertes el último año, frente a las 52.000 anuales causadas directamente por el tabaquismo, sin que en este caso haya una Dirección General dispuesta a su combate ni un millonario presupuesto en publicidad como ocurre con el Tráfico, que, por cierto, retorna al mensaje truculento para recordar a los conductores las consecuencias de un accidente.
Señor Navarro, el objetivo de cero accidentes es tan irrealizable como utópico. Como toda utopía que se sabe tal, el agitar la controversia y demonizar injustamente a uno de los protagonistas, puede ser prevaricación. Usted sabe que es imposible paralizar el transporte de personas y mercancías y retornar a las caballerías, aunque seguro que su iletrada ministra de Medioambiente, perdón por el lapsus, ahora ministerio con la amanerada denominación de Transición Ecológica, también las prohibiría porque sus flatulencias incrementarían la emisión de CO2.
La reducción de muertes y heridos en accidentes de Tráfico sólo será eficaz con la formación vial desde la escuela y un eficiente sistema de preparación de conductores que vaya más allá de la simple superación de un examen de trámite. Los beneficios de estas estrategias no interesan porque son estructurales y largoplacistas. Y al Gobierno actual y su adlátere en Tráfico solo les preocupa el ruido de la persecución al conductor en los titulares.
