La Ley de Movilidad Sostenible, que paralizó su tramitación por la convocatoria de elecciones generales el pasado mes de julio, vuelve a trámite parlamentario con el mismo texto con el que se validó en diciembre de 2022. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación en 2024. El Gobierno adquirió el compromiso con Bruselas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de que se aprobaría este año.
La nueva ley mantiene por lo tanto el plan pactado por Bruselas de no introducir peajes en las autopistas. Lo que si habilita, como ya constaba en el anterior texto, es que los alcaldes que lo deseen puedan imponer una tasa para restringir el tráfico o reducir el acceso a áreas más amplias de las que abarcan las zonas de bajas emisiones (ZBE) que las de mayor número de habitantes están obligadas a delimitar.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puntualizó que la norma «habilita pero no obliga» y que serán los municipios los que decidan si establecen estas tasas o no. Eso sí, para su puesta en marcha, se necesita «una habilitación con rango de ley», lo que permite al Gobierno certificar que las condiciones son «homogéneas» en todo el territorio. Además, establece la obligación de que las Administraciones velen por incentivar y promover soluciones sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación “de la ciudad de los coches” a la “ciudad de las personas”, afirma el ministro.
Lo que sí es novedoso es que esta nueva Ley incluye medidas dentro del marco de la Negociación Colectiva Verde, «por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico», aseguró Puente. En este sentido, se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo.
Estos planes se consideran una «herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo. “Las empresas de este tamaño ya están haciendo planes de movilidad sostenible de este tipo”, indicó Puente. El ministro ha puesto como ejemplo una empresa automovilística que conoce bien, Renault en Valladolid, que obtiene ahorros fiscales con este tipo de medidas.
La nueva Ley también propone «subir las mercancías al tren y bajarlas de las carreteras», afirmó Puente. De hecho, Bruselas acordó con el Gobierno la eliminación de los peajes de las autopistas a cambio de que se incrementara el transporte de mercancías por ferrocarril. Puente ha indicado que el objetivo es que el tren absorba el 10% de este transporte, en línea con la media europea, en lugar del 4% que supone a día de hoy.
A cambio de no introducir peajes en las autopistas, se pactó con Bruselas incentivarlo mediante el desarrollo de autopistas ferroviarias donde exista demanda empresarial, bonificando el transporte de mercancías por tren al menos cinco años y apoyando e incentivando el cambio modal de carretera y al ferrocarril, aspecto que recoge la Ley y en los que Puente ha asegurado que ya se está trabajando incluso antes de que termine su tramitación y entre en vigor.