La compañía DVUELTA ha presentado una solicitud al Defensor del Pueblo para que inste al Ayuntamiento de Madrid a aplazar la aplicación de la normativa de la Ordenanza de Madrid 360, que restringirá la circulación en la ciudad a los vehículos sin distintivo medioambiental a partir del 1 de enero de 2025.
Según ha explicado la entidad en una nota oficial, esta prohibición afectará a coches diésel anteriores a 2006 y a los de gasolina fabricados antes de 2000.
La firma, en su misiva dirigida al funcionario público, alerta de que esta medida «impactará a miles de conductores, quienes se verán forzados a vender o deshacerse de sus vehículos y asumir el coste de adquirir uno nuevo».
Según la entidad, quienes poseen estos coches son mayoritariamente personas con menor capacidad económica, lo que «agrava el problema, ya que muchos no podrían permitirse el gasto que supone cambiar de vehículo».
En el escrito, DVUELTA advierte de que la entrada en vigor de la normativa podría suponer una carga desproporcionada para los ciudadanos con menos recursos económicos y argumenta que obligarles a cambiar de coche «sin ofrecer alternativas viables» vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución Española.
En este sentido, la entidad cita el artículo 14, que prohíbe la discriminación, y el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a proteger a los ciudadanos, para justificar su posición.
También menciona la empresa una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha anulado varios aspectos de la normativa de bajas emisiones del Ayuntamiento, y pide al Defensor del Pueblo que solicite al Ayuntamiento la prórroga de la normativa, lo que permitiría realizar los ajustes necesarios y dar más tiempo a los afectados «para adaptarse a las nuevas exigencias sin sufrir perjuicios económicos».
