Los sindicatos critican la disparidad de criterio en las normas de emisiones de la UE



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La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA)ha criticado las «contradicciones» de las normativas europeas para restringir las emisiones contaminantes de los vehículos y ha pedido que los siguientes pasos en este sentido se adopten de forma consensuada y no perjudiquen a los alrededor de 13 millones de trabajadores que dependen de la automoción en el Viejo Continente.

A juicio del secretario del Sector Automovilístico de UGT FICA, Jordi Carmona, mientras la Unión Europea y el Parlamento Europeo pretenden prohibir la comercialización de vehículos de combustión interna a partir de 2035, lo cual implica «grandes inversiones» para la electrificación del sector, la propuesta Euro 7, que va a restringir las emisiones contaminantes a partir de 2025 en automóviles y furgonetas, «avanza en el camino contrario».

La posición de UGT FICA está alineada con la de otras asociaciones europeas y españolas del sector, como ACEA (fabricantes europeos) o Anfac (fabricantes en España), que también consideran que la propuesta actual de Euro 7 fuerza a las marcas y a su cadena de valor a invertir en tecnologías que reduzcan las emisiones de los vehículos de combustión hasta 2035 en lugar de destinarlas a la investigación y desarrollo de la electrificación.

En este contexto, Carmona ha reclamado que las medidas medioambientales que se adopten en Europa sean «socialmente responsables, consensuadas con todos los agentes que intervienen en la industria automovilística y también que estén coordinadas a todos los niveles de las administraciones públicas europeas y españolas».

También ha defendido que el proceso de descarbonización del sector no puede hacerse a costa de los trabajadores ni de los potenciales consumidores, al tiempo que ha considerado necesario un esfuerzo coordinado que permita a Europa competir con Estados Unidos y Asia en «la carrera» hacia el coche verde.

En cuanto a España, Carmona ha reiterado la necesidad de abordar una «regulación coordinada» entre los agentes que intervienen en la industria del automóvil, incluidas las comunidades autónomas y las corporaciones municipales, con relación a las medidas medioambientales que se están adoptando en las principales ciudades españolas «para evitar discordancias, competencias y desajustes».

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Sobre ello, ha hecho hincapié en que las restricciones en materia de movilidad introducidas por algunos ayuntamientos y autonomías, unidas al «endurecimiento en el sistema impositivo», están afectando a las ventas de automóviles y, en consecuencia, al empleo.

Así, ha pedido «racionalidad y sensatez» para no ser «más papistas que el papa» y compatibilizar de manera ordenada los intereses medioambientales del «conjunto de los españoles» con los de la industria del automóvil, «encaminando los intereses de ambos hacia un futuro industrial cada vez más verde y menos contaminante, pero igualmente competitivo».

«Desde el inicio de la crisis el sector ha perdido en España 250.000 puestos de trabajo derivados tanto de consecuencias coyunturales como estructurales», ha señalado Carmona.

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