La Unión Europea (UE) podría exigir legalmente a los proveedores de combustible que absorban parte de la próxima tasa de carbono de la UE para los edificios y el transporte por carretera en lugar de trasladar la carga por completo a los consumidores, según un análisis jurídico encargado por la organización Transport & Environment (T&E).
La Comisión Europea ha propuesto incluir los sectores del transporte por carretera y de la construcción en el mercado de carbono a partir de 2026. Así, los proveedores de combustible, como Total y Shell, tendrían que comprar permisos de contaminación por cada litro de combustible que pongan en el mercado.
Sin embargo, desde T&E han señalado que tal y como está diseñado el mercado, este coste en su totalidad podría repercutir a los consumidores finales, afectando de forma desproporcionada a los ciudadanos con menos recursos.
La tarificación del carbono es necesaria para que la UE cumpla sus objetivos climáticos para 2030, ya que reducirá la demanda de combustibles fósiles y de automóviles privados.
La decisión de la UE
El análisis jurídico encargado por T&E señala que se podría limitar la cantidad de esa tasa que los proveedores de combustible pueden trasladar a los consumidores. Todo lo que sobrepase ese límite sería cubierto por los proveedores, en forma de una penalización pagada al Fondo Social para el Clima (FSC), diseñado para apoyar a los hogares vulnerables.
«Si la transición climática tiene alguna esperanza de funcionar, tenemos que asegurarnos de que los grandes contaminadores, y no los pequeños hogares, paguen los costes. Lo que para las grandes petroleras será una miseria podría ayudar a los hogares vulnerables a pasar a un transporte y una calefacción limpios», ha explicado la responsable de Clima de T&E, Sofie Defour.
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