Un 60% de los empleados en España considera que su empresa no ha iniciado todavía la adaptación a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, aprobada la semana pasada y que obligará a las compañías con más de 200 trabajadores a disponer de un plan específico de transporte en un plazo de dos años.
El texto legislativo, aprobado por el Congreso y pendiente de revisión en el Senado, amplía el ámbito de aplicación previsto en versiones anteriores y convierte los planes de movilidad empresarial en un requisito legal, según ha recordado la compañía de renting Alphabet.
La medida forma parte de los compromisos adquiridos por España con la Unión Europea para reducir las emisiones del transporte y mejorar la eficiencia de los desplazamientos laborales.
El Congreso aprueba la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa clave para las flotas
El informe de Alphabet refleja un «amplio desconocimiento» entre los trabajadores, ya que siete de cada 10 no son conscientes de que la norma será obligatoria y solo uno de cada diez afirma que su empresa cuenta con una hoja de ruta en este ámbito.
Al respecto, las iniciativas más demandadas por los empleados son los incentivos para el uso del transporte público, los autobuses corporativos y la instalación de puntos de recarga eléctrica en los centros de trabajo.
La ley también introduce el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), una herramienta digital para recopilar información de transporte y coordinar políticas públicas y empresariales y reconoce la movilidad como un derecho social, vinculando su desarrollo a los objetivos de descarbonización fijados por la Agenda 2030.
