La fecha elegida es 2023. En ese momento, debería estar aprobada la Ley de Movilidad que rija el futuro de España relacionado con sus diferentes modelos de transporte integrados en los nuevos ecosistemas digitales y con todos los cambios que están llegando y están por venir.
El anteproyecto de Ley de Movilidad, cuyo trámite parlamentario se inició el pasado 1 de marzo y que concluyó su periodo de consultas a mediados de abril, quiere responder a las exigencias que se derivan del cambio climático.
Con ocho puntos, esta normativa pretende diseñar un sistema de transporte y mercancías eficiente, dotar a las Administraciones de los recursos para desarrollar el marco integrado de movilidad y ubicar al Estado como un ente participativo que vele por un transporte urbano sostenible.
Para las diferentes asociaciones relacionadas con el transporte y la movilidad de España, el redactado del anteproyecto es positivo, en principio, aunque con las debidas cautelas.
La patronal de los alquiladores de automóviles, Feneval, considera importante, por ejemplo, que todas las empresas que se dedican a la movilidad compartida y las firmas de rent a car tributen con la nueva Ley con un IVA al 10%, en lugar del 21% actual.
En el caso de diversas ONG con sede en nuestro país, sus alegaciones al actual escrito de la ley se centran en que no fija estándares ni objetivos concretos en materia de descarbonización del transporte terrestre y señalan que el target debe centrarse en conseguir la neutralidad climática de la movilidad y del transporte antes de 2050.
Reducción de emisiones
En este momento, el Gobierno ha fijado un objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono del transporte por carretera de un 37% de aquí a 2030.
La futura Ley de Movilidad Sostenible supondrá un enorme tractor económico para el sector, con inversiones públicas estimadas en 8.000 millones de euros en una década destinados a la movilidad y ejecutables por las diferentes Administraciones del Estado, según ha manifestado ya en dos ocasiones la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La ministra estima que el marco normativa de la ley permitirá que la productividad de las empresas involucradas aumente en un 3,3% en esa década mencionada y a partir de que entre en vigor a finales de 2023.
Dentro de las disposiciones que han generado más polémica y que la generarán y serán debatidas en los próximos meses, destaca la eliminación a última hora del pago por uso de las carreteras, una disposición que estudió el Ejecutivo pero que finalmente no se ha incluido en el anteproyecto, y también la puerta abierta que deja la norma a que los Consistorios puedan cobrar una tasa por circular por calles de la ciudad consideradas como zonas de bajas emisiones.
El impulso para abrir las ciudades a nuevos modelos más descarbonizados está moviendo ya al Ejecutivo a tomar decisiones, como los mil millones que el Ministerio que dirige Sánchez ha provisionado con cargo a los Fondos Europeos de Recuperación para que municipios con más de 50.000 habitantes habiliten carriles bici, instalación de puntos de alquiler de bicicletas, peatonalización de calles (40% de los fondos), el impulso de las flotas de vehículos con cero emisiones (20% de los fondos) para hasta 650 autobuses libres de emisiones y 45 vehículos eléctricos para recogida de basuras, entre otros.
