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La electrificación de las empresas se topa con el ‘vuelva usted mañana’ administrativo

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Juan Arús
Juan Arús
Periodista económico apasionado en transformar objetivos en resultados, Juan Arús (Madrid, 1975) ha trabajado para diversos medios de comunicación escritos de España, generalmente económicos y habitualmente en las secciones de Empresas y Automoción. Gran aficionado a la moda masculina, cuenta con un vasto repertorio de artículos de referencia publicados sobre vestuario clásico en diferentes medios. Edita y dirige Fleet People desde 2015.

Roma no se construyó en un día y los pequeños pasos que se acometen hoy pueden convertirse en zancada de gigante dentro de unos años. Aunque para ello haga falta más poder de decisión desde las instancias gubernamentales.

 

A finales del ejercicio pasado se aprobó una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a este 2023 que mejorará las condiciones actuales de transición energética de las empresas y en relación directa con el vehículo completamente ecológico.

 

Presentada por el partido político PdeCAT, dicha enmienda modifica la Ley 27 de 2014 y permite la reducción de seis a tres años en la amortización de la compra de vehículos eléctricos puros, enchufables, eléctricos con autonomía extendida y de hidrógeno por parte de las empresas.

 

Una disposición que mejorará los periodos de amortización en inversiones vehiculares verdes de las compañías.

 

Sin ser trascendental, sí supone un paso adelante, aunque haya pasado ciertamente desapercibida.

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante su visita a Automobile. FOTOGRAFÍA: POOLO MONCLOA / DIEGO DEL MONTE
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante una visita a Automobile Barcelona. FOTOGRAFÍA: POOLO MONCLOA / DIEGO DEL MONTE

 

Igual de en la sombra que otras medidas que ayudan de modo efectivo a la descarbonización real por parte de las empresas, como el Real Decreto de diciembre de 2021 que cambió la Ley para que las empresas o personas que quieran instalar un poste de recarga en sus instalaciones y reciban una subvención para ello presenten únicamente una declaración responsable.

 

Pero otras muchas propuestas, de mayor calado para que se produzca un cambio de chip auténtico en el modelo de compras de vehículos actuales y hacia otro más sostenible, están chocando día tras día con la renuencia de una Administración que no parece decidida del todo a acompañar la transición energética.

 

Por ejemplo, en el caso de las retribuciones en empresa de los empleados y en la hora de percibir vehículos electrificados. Países como Alemania posibilitan que la deducción por la vía del IRPF del vehículo en especie, siempre que sea electrificado, se sitúa en el 75%. Una cifra que está instalada en el 30% aquí y que se pretendía incrementar hasta la propuesta germana. Dicha enmienda fue presentada también por pdECat como una salvedad a los Presupuestos… y echada por tierra.

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la electrificación supone una pendiente difícil de afrontar para las empresas. ILUSTRACIÓN: MOTONETA PARA FLEET PEOPLE ©FLEET PEOPLE

 

Lejos del terreno empresarial, una de las opciones que más ha chocado con el usuario particular también ha sido obviada en el redactado de los Presupuestos de este año. Las ayudas para adquirir coches ecológicos, de hasta 7.000 euros, contienen una “trampa”.

 

La prestación extra para comprar el vehículo se computa como ganancia patrimonial en el IRPF, lo que se traduce en que la subvención no se corresponde con la realidad: hay que devolver una parte.

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También se tumbó la idea de que el usuario pudiera deducirse el 15% de la compra del vehículo electrificado, así como de la infraestructura de recarga necesaria. Otra enmienda más desechada y dirigida a empresas: hasta 2011, cuando se eliminó este beneficio, cualquier compañía que adquiriera un vehículo ecológico o postes de recarga tenía derecho a una deducción del 10% en el Impuesto de Sociedades.

 

Se esperaba recuperar esta disposición, sin éxito, así como consolidar el cien por cien de la deducción del IVA en coches electrificados, independientemente de la actividad. En la actualidad, se suele aplicar un coeficiente medio del 50% pero, legalmente, solo se puede aplicar el cien por cien si la empresa demuestra que la actividad del vehículo es solo corporativa.

 

Son pasitos, pero pasitos que se traducirían en zancadas hacia la electrificación real de empresa y usuario si son respaldados con firmeza por parte la Administración Central.

 

 

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