El Gobierno francés ha reducido las ayudas públicas para comprar vehículos ecológicos en 2025 a 700 millones de euros, lo que supone un drástico recorte respecto de los 1.500 millones de euros consignados durante el año pasado.
El montante de las ayudas se centrará durante este ejercicio en el sector de compra privado, con cantidades que se continuarán asignando en función de la renta declarada por el potencial comprador y que serán de 4.000 euros para las rentas más bajas, de 3.000 euros para las intermedias y de 2.000 euros para las más altas.
Los denominados como bonos ecológicos también se mantendrán el caso del retrofit, la adaptación de vehículos de combustión interna antiguos a vehículos más eficientes con el cambio del propulsor, con una dotación idéntica a la de 2024 y un total de 10 millones de euros.
No obstante, y en el capítulo de recortes, los vehículos comerciales ligeros dejan de recibir subvenciones, a pesar de que Francia es el primer mercado europeo de comerciales ligeros, con unas matriculaciones cercanas a 400.000 unidades en 2023.
También salen de la ecuación de las ayudas los vehículos de dos ruedas y las bicicletas.
Un elemento que todavía no ha sido tomado en cuenta por el Gobierno son las ayudas sociales para comprar coches, el llamado renting social, para lo que se consignaron 650 millones de euros en 2024 para cerrar 50.000 operaciones comerciales.
Actores del sector del automóvil francés como Mobilians, la principal asociación defensora de la industria comercial del automóvil en el país, han recibido con pesimismo el anuncio del Gobierno y han criticado elementos como, precisamente, el renting social, que obligó a los concesionarios de automóviles a adelantar, según Mobilians, 375 millones de euros el año pasado “que no fueron reembolsados durante varios meses”, creando potentes dificultades de tesorería al sector.
En cuanto al programa de ayudas general, Mobilians ha asegurado que “al reducirse el presupuesto de 1.500 millones de euros en 2024 a los 700 millones previstos para 2025, los poderes públicos se han visto obligados a tomar decisiones imposibles en la hora de asignar las ayudas a la compra”.
La asociación ha remarcado al respecto que “Francia sigue ambicionando acelerar la electrificación de su parque automovilístico, pero este importante recorte presupuestario envía una señal negativa tanto a los consumidores como a los profesionales”.
Críticas al bonus/malus fiscal por el CO2 de los coches
Otro gran elemento de fricción de cara al año entrante reside en la idea del ejecutivo francés de aumentar la carga fiscal sobre los usuarios de automóviles del país en función de las emisiones de dióxido de carbono, una mediad que continúa siendo negociada en la Asamblea de Francia y que, a última hora, está alargando sus plazos de aplicación.
Mobilians calcula que el 40% de los vehículos en manos privadas matriculados desde 2023 se verán afectados por las penalizaciones de CO2, una proporción que aumentará hasta el 77% en 2027 si se aprueba finalmente.
“El importe medio que tendrán que pagar los propietarios de vehículos pasará de 754 euros en los nueve primeros meses de 2024 a 1.387 euros en 2025 y 2.242 euros en 2027, lo que supone un aumento de casi el 200%. Por no hablar del gravamen sobre los vehículos de ocasión, que contribuirá aún más a esta sobreimposición”, ha asegurado Mobilians en un comunicado.
