¿Puede una decisión como la adoptada por el Gobierno español afectar al negocio de Uber? Seguramente no lo dinamita, pero es una piedra incómoda. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó a finales de abril un Real Decreto que busca que no exista más de una licencia de vehículo de alquiler con conductor (VTC) por cada 30 de taxi. La norma ya existía, pero según el Gobierno no se cumple. Uber siempre ha defendido que la Ley no especificaba ese dato concretamente.
La cuestión no es España, sino la corriente negativa, en forma de decisiones tanto judiciales como políticas, que la compañía arrastra a su portfolio cada poco tiempo. Y los escándalos que ha protagonizado su fundador, Travis Kalanick, y que le llevaron a dimitir de su cargo como consejero delegado hace casi un año, no han ayudado a equilibrar las cosas.
En diciembre del año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Uber debía ser considerado como un servicio de taxi, no como un sistema de intermediación digital. A comienzos del mes de abril, además, ese mismo tribunal dio la razón a Francia en su contencioso con la firma de movilidad. El país suspendió la actividad de UberPop en 2015 y desde entonces se cruzaban litigios. En Londres también está en suspenso y en otros muchos países, directamente no puede operar. Para colmo, en las últimas semanas han surgido propuestas políticas en Nueva York que persiguen cobrar un fee de 2.000 dólares anuales a los conductores que usan aplicaciones como Uber. Parece que el alcalde Bill De Biasso está en contra, aunque el político ya lideró en su día una cruzada contra Uber. Le salió mal, eso sí.
Hay compañías que arrancan mal o que necesitan años para cuadrar las fuertes inversiones iniciales, para amortizar el despegue.
La realidad de sus números
En el caso de Uber, cumple y con el manual en la mano con las características de una start-up que surge de la nada, que triunfa y que… ¿Se estanca? ¿Será la cabeza de una burbuja de la nueva movilidad? Justo antes de que surgiera el ‘escándalo Kalanick’ y de que los tribunales europeos dieran la espalda a Uber, su capitalización estimada por una nube de analistas financieros se situaba en el entorno de 58.000 millones de euros.
Uber utiliza como gran argumento de captación de inversión y de venta que está respaldado por los 37.000 millones de dólares que, por ejemplo, ingresó el año pasado en forma de viajes pagados por sus usuarios. Eso es incuestionable.
Tan incuestionable como que, de esa cantidad, la empresa tiene que pagar el 80% a los conductores que utilizan su plataforma. El año pasado, fueron 29.400 millones de dólares. Con unos ingresos netos de 7.400 millones en 2017, las pérdidas de la compañía fueron más que abultadas: 4.500 millones de dólares que se suman a los 2.500 millones del año anterior.
En un año, los 58.000 millones de teórica capitalización de Uber han pasado a ser 44.000. Un informe de la agencia Bloomberg afirma que la firma ha fundido casi 11.000 millones desde sus inicios y que ninguna otra tecnológica (Facebook, Google…) acumulaba tantas pérdidas a igualdad de capitalización en sus inicios.
Uber mantiene un gran apoyo de sus backers y posibilidad real de ampliación de negocio, pero una cosa está clara: no importa cuánto se gasta en expandir el negocio ni por cuánto se valore: si su capacidad de trabajar disminuye por decisiones políticas que se traducen en leyes, el futuro de Uber cambiará.
Y seguramente, no a mejor.
