El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) aprobó el pasado 19 de octubre la transferencia de más de mil millones de euros a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla con el fin de busca implantar de un modo factible las zonas de bajas emisiones en los centros neurálgicos de las urbes.
Estas ayudas se corresponden con los fondos europeos de recuperación destinados a tal efecto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, que quiere descarbonizar y digitalizar la movilidad de las ciudades de España.
Los fondos serán inyectados en el Sistema en el momento en el que sea aprobada en la próxima Conferencia Nacional del Transporte, lo cual supondrá un mero trámite, y serán repartidos de acuerdo con el criterio por cada población de Comunidad y ciudad autónoma.
El grueso de la cantidad serán centralizados en municipios que podrán concretar sus propuestas de creación o desarrollo de zonas urbanas más limpias a través de la creación de aparcamientos disuasorios, nuevos itinerarios peatonales, redes de carriles bici y sus aparcamientos, proyectos de mejora del transporte colectivo o digitalización de paradas de autobús, por ejemplo.
La idea fundamental del Ejecutivo de Pedro Sánchez es establecer medidas que supongan “una mejora en la calidad del aire y ayuden a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, el ruido y la siniestralidad”.
En conjunto, hay que recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entra dentro de un pack aprobado por la Comisión Europea para embolsar a España un total de 69.500 millones de euros que no tendrán que ser devueltos.
De esa cantidad, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contará con cerca de 6.500 millones de euros, de los que 3.500 se destinarán a rehabilitación residencial, mil para construir 20.000 viviendas de alquiler asequible y 480 millones más para rehabilitar edificios públicos.
400 millones para la flota de industriales
El resto, unos 1.520 millones de euros, serán contemplados en políticas de movilidad sostenible, de los que una primera partida, los algo más de mil millones mencionados al principio, han sido aprobados en una primera fase —realmente queda un fleco de 62,5 millones que se transferirán en 2022—.
Otros 110 millones se aprobarán para la digitalización del sector del transporte, a través de líneas específicas de ayudas y, la guinda de todo y para completar esos algo más de 1.500 millones de euros, se procederá en breve a destinar una partida de 400 millones para la renovación de las flotas de vehículos industriales con criterios medioambientalmente sostenibles.
La distribución de las ayudas destinado al vehículo industrial se efectuará teniendo en cuenta el índice de penetración de mercado de este tipo de vehículos en cada Comunidad Autónoma, y los destinatarios finales de este paquete serán los titulares de autorizaciones de servicio público o privado complementario.
La partida destinada para vehículos industriales se repartirá a lo largo de varios ejercicios y hasta 2024, salvo una cuantía inicial de choque de 175 millones, que se desembolsará como medida de choque para impulsar la descarbonización de este parque.
