El 29 y el 30 de agosto de 2013 se recordarán en el sector del automóvil español como fechas fatídicas. Esos días, la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), incoó siete expedientes de investigación contra el sector: seis a redes de concesionarios, a la que se sumó una más en 2014, y el séptimo contra las marcas. La acusación en los referidos a las redes es idéntica a todos ellos: “fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible”.
En el segundo, el organismo de la Competencia acusa a las marcas de “intercambio de información comercialmente sensible y estratégica”.
De ser probadas estas actuaciones ilícitas, serían consideradas como cártel, una infracción muy grave que puede conllevar multas de hasta el 10% de la facturación.
Al cierre de este reportaje, FleetPeople ha podido saber de fuentes jurídicas que la Dirección de Competencia (DC), el órgano de la CNMC encargado de realizar las investigaciones, había cerrado al menos tres expedientes, el de Land Rover, el del grupo Volkswagen (que afecta a las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda) y el de Opel, a las que acusa de cártel.
Estos casos —y previsiblemente la totalidad de los mencionados— están en manos del Consejo de la CNMC, encargado de fijar las multas que se impondrían a los hallados culpables. En febrero, a más tardar, deberán comunicarlas a los afectados.
Muchas marcas
El proceso ha abierto un halo de sospecha sobre el conjunto del sector a pesar de que los 187 concesionarios acusados apenas alcanzan el 7,5% de los de 2.500 que existen en España y que más de la mitad están concentrados en el grupo Volkswagen.
Sin embargo, la dimensión se mide por el número de marcas involucradas. En el caso de las redes hay 10 bajo sospecha: Seat, Volkswagen, Audi y Skoda, investigados conjuntamente en el mismo expediente con 107 concesionarios incoados y las asociaciones de concesionarios de Seat (Ancosat) y de Volkswagen, Audi y Skoda (Acevas); Opel, con 25 concesionarios, más su asociación (Ancopel); Hyundai, con 14 concesionarios, Land Rover, con 12, Toyota, con 11, Chevrolet —que se sumó a la investigación en octubre de 2014—, con 10 y Nissan con ocho concesionarios.
La asociación de Ford fue investigada en un primer momento al igual que la Federación de Asociaciones, cuyas sedes fueron registradas, pero no se halló ningún indicio incriminatorio y no se les incoó expediente.
Sin embargo, el segundo proceso, el relativo al intercambio de información comercialmente sensible y estratégica entre marcas, tiene en su punto de mira a 23 fabricantes que suman la mayoría del mercado español.
En un primer momento, el expediente se centró en Seat, Nissan, Renault, Toyota, Chrysler, General Motors, Fiat Group, Ford, Chevrolet, Hyundai, Honda, Kia, PSA, y Volkswagen-Audi. En agosto de 2014, la CNMC lo amplió sumando a Mercedes, BMW, Mazda, Volvo, Porsche, B&M (Berge&Mitsubishi), Renault comercial y, en esta ocasión, ya incrimina a las dos marcas del grupo PSA, Citroën y Peugeot. En España comercializan coches hasta 64 marcas pero de ellas, 27 no pasan de una cincuentena de ventas al año, y en conjunto no suman 200 unidades. Por tanto, solo 37 marcas venden más de 50 coches en España, y dos de ellas no llegan a los 200 vehículos. Conclusión, de las 35 marcas con actividad, hay 23 bajo la lupa de Competencia más 10 redes de concesionarios.
Minimizar las multas
Esto explica el nerviosismo que ha cundido en un sector molesto por el desgaste de imagen, pero sobre todo, por el efecto económico que podría suponer para los afectados, hasta el 10% de la facturación de un año.
Y también el mutismo alrededor del caso; bajo el amparo de estar sub iúdice, pocos quieren hablar de él y aquellos que lo hacen piden absoluta confidencialidad. Por eso, nos movemos en el mundo de los rumores sin confirmar. En este campo, siempre resbaladizo, algunas fuentes dicen que el sector, ante la evidencia de que la CNMC apunta hacia el cártel, se ha movido en las altas instancias del Gobierno y de los partidos políticos con el fin de que medie ante el organismo de Competencia para que las multas no se sitúen en el tope legal del 10%.
Incluso, se habla de una marca, con fabricación en España, cuyo presidente mundial se habría desplazada a España para mantener una reunión con un alto miembro del Gobierno con el mensaje de que una multa de semejante calibre afectaría duramente a sus cuentas en España y pondría en peligro su continuidad.
Pero no sólo ha cundido el nerviosismo en el sector. También la indignación y las fracturas internas.
El 3 de octubre, la DC enviaba a los afectados el Pliego de Concreción de Hecho (PCH), el primero de los dos documentos que está obligada a emitir, del expediente S/0471/13 abierto contra los concesionarios del grupo Volkswagen. Salía a la luz que todo el proceso reventó tras la solicitud de clemencia presentada por Seat SA en nombre de todo el grupo VW.
El 24 de abril de 2013, el fabricante pedía a la CNC la exención de la multa en beneficio de todas las marcas del grupo y de los concesionarios filiales, a cambio de información que inculpaba a buena parte de su red de concesionarios y al resto de marcas. El demandante solicitó la confidencialidad de esta información, por lo que no se ha conocido hasta el PCH.
No obstante, fuentes del sector declaran que siempre hubo sospechas de que el proceso se había iniciado por la delación de Seat SA. En un recurso presentado por Acevas, la Asociación de concesionarios de VW, Audi y Skoda, se confirma tal confidencialidad: “… con la notificación del PCH se ha desvelado la documentación de clemencia y otros documentos confidenciales de volumen elevado (más de 3.000 folios)”.
La CNMC reconoce en la resolución del expediente S/0485/13 seguido contra ocho concesionarios de Nissan —todos madrileños, por lo que el proceso se ha cedido al Servicio de Defensa de la Competencia de la CAM— que el expediente se había incoado “en el marco de una información reservada”, en referencia a la información aportada por Seat a cambio de clemencia.
Gracias a esta documentación, los días 4, 5 y 6 de junio de 2013 los funcionarios de Competencia realizaron inspecciones en las sedes de Acevas, Ancosat, Ancopel, Acoford, Faconauto, y los concesionarios M. Conde (involucrado en los expedientes del grupo Volkswagen, de Nissan y de Toyota), Carhaus (expediente grupo Volkswagen) y Safamotor.
Las consultoras
Pero el reguero de pólvora se extiende con la información recogida en el registro de la empresa de mistery shopping ANT Servicalidad, según explican fuentes jurídicas participantes en uno de los expedientes.
Esos documentos han servido no sólo para investigar a los concesionarios del grupo Volkswagen, sino al resto de redes afectadas en el proceso.
En el caso del expediente de las marcas, S/0482/13, el hilo de la madeja ha sido otro. Los días 23, 24 y 25, los funcionarios de la CNMC registraron las sedes de Nissan, Renault y Toyota, pero especialmente la de la empresa Snap-On Business Solutions, una consultora bien conocida en el sector entre otros datos por la cifra de rentabilidad media del conjunto de las redes de concesionarios españoles. La propia Snap-on solicitó, sin éxito, la confidencialidad para determinada documentación recabada en la inspección de su sede.
Gracias a esta documentación, la Dirección de Competencia ha afinado más las acusaciones contra las marcas: “adopción de acuerdos entre empresas competidoras en el mercado de la distribución de automóviles en España para intercambiar información confidencial sobre los resultados, cifras económicas y márgenes comerciales presentes y futuros, sobre la estrategia presente y futura de la distribución comercial, con efecto directo en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como para la homogeneización y fijación de las condiciones y planes comerciales presentes y futuros de las marcas de automóviles en España entre dichas empresas competidoras”.
El sector siempre ha alegado el contrasentido que supone el proceso abierto precisamente en España, el mercado más duro y competitivo de toda Europa, donde los descuentos aportados por marcas y distribuidores son los más altos y, por tanto, donde el consumidor está más beneficiado.
Unos descuentos que merman la rentabilidad de cada coche vendido, en muchos casos a cero. Este mes de febrero habrá desenlace que, de momento, se prevé funesto para la automoción española.
Matizaciones jurídicas
Hay varias confusiones alrededor de las normas de competencia, según explica uno de los bufetes que están trabajando en defensa de uno de los inculpados. La primera es la determinación de la sanción, que se da por sentado que se trata de un 10% de la facturación.
En realidad, la multa no está establecida en la norma para que las empresas no pueden echar cuenta de si les sale a cuenta cometer conductas contra la Competencia. Lo que sí está establecido es que se determinará en función de un porcentaje (sin determinar) de la facturación durante el tiempo que haya durado la actividad incumplidora.
¿De dónde sale ese 10% de facturación? La ley sí pone un tope máximo de multa, el 10% de la totalidad de la facturación del año anterior a la imposición de la multa. Y los plazos han jugado en contra, pues si se hubiese conocido en 2014 el referente habría sido el ejercicio de 2013, pero la facturación usada de tope será 2014, cuando las ventas subieron casi un 20%. Es decir, el tope crece también.
Además, el techo teórico se determina no sobre la facturación del concesionario inculpado, sino sobre la totalidad del grupo al que pertenece. Esto perjudicaría seriamente a aquellos que pertenecen a empresas con varias concesiones, aunque sólo haya una involucrada.
Y hay muchos casos entre las investigadas. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha puesto en duda esta interpretación y ha sentenciado que el tope se establece sobre la empresa inculpada y no sobre la totalidad del grupo. El Tribunal Supremo debe emitir su opinión en el primer trimestre de este 2015.
Respecto al programa de clemencia, la CNMC explica que se trata de un “poderoso instrumento en manos de las autoridades de defensa de la competencia para la detección de cárteles, en cuanto atentados más dañinos contra la competencia”.
Y añade que “la clemencia puede beneficiar a aquellas empresas que aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC la detección del cártel, siempre que no hayan sido las instigadoras del mismo y pongan fin a su participación en la conducta prohibida”.
A este respecto, fuentes de los concesionarios del grupo Volkswagen que solicitan el anonimato, declaran que las prácticas fueron instigadas desde las marcas. En el expediente seguido contra el grupo Volkswagen entre los incoados se hallan las empresas Seat SA, Seat Motor España S.A.U. y Volkswagen Group Retail Spain, la empresa que agrupa los 19 concesionarios propiedad de alguna de sus marcas en España. De hecho, once de ellos están también incoados.
Sin embargo, en el expediente S/0489/13, seguido contra 25 concesionarios de Opel y la Asociación de concesionarios de Opel (Ancopel), varias fuentes aclaran que las actuaciones de la asociación se realizaron al margen de la marca.
De hecho, Opel no aparece entre las empresas investigadas.
