Los Gobiernos de Alemania, Italia y la República Checa han solicitado de modo formal a la Comisión Europea que se suspendan las sanciones económicas previstas para los fabricantes de automóviles que no cumplan los objetivos de emisiones de dióxido de carbono a partir del próximo ejercicio.
El canciller alemán, Olaf Scholz, ha señalado tras la última cumbre de líderes de la Unión Europea que imponer multas a la industria en el contexto actual podría «limitar su capacidad de inversión» en vehículos eléctricos.
Scholz ha afirmado que los fabricantes han presentado nuevos modelos de automóviles eléctricos, pero que no por ello pueden obligar a los consumidores a adoptarlos de forma masiva.
Este último extremo es lo que está ocurriendo, precisamente, en el mercado, con un efecto de «pescadilla que se muerde la cola», ya que las marcas de automóviles necesitan escalabilidad y saturación en una factoría para que sea rentable, una situación que está lejos de ser real en el caso de los vehículos eléctricos debido a su baja demanda en Europa y en el mundo.
El canciller ha apoyado la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de establecer un “diálogo estructurado” con el sector del automóvil y se ha acordado retomar la cuestión en la cumbre europea prevista para marzo.
En paralelo, los primeros ministros de Italia y la República Checa han planeado también instar a von der Leyen a retirar las sanciones por incumplimiento de los objetivos de dióxido de carbono, según fuentes diplomáticas comunitarias citadas por la agencia Reuters.
Las estimaciones del sector indican que los fabricantes europeos de vehículos podrían enfrentarse a multas por valor de 15.000 millones de euros anuales, siendo Volkswagen uno de los más afectados en este sentido.
Francia: no es oficial, pero también en contra
Del lado de los opositores, Francia se ha sumado esta semana a los países que rechazan las sanciones. En un documento interno, el Ejecutivo francés ha señalado que apoya una solución que evite las multas, aunque sin debilitar los objetivos climáticos.
La ministra de Clima de Francia, Agnes Pannier-Runacher, ha subrayado que la situación actual del mercado no corresponde a las previsiones iniciales de los fabricantes.
La normativa europea establece nuevos límites de emisiones de dióxido de carbono que deben cumplirse, en su promedio para toda la flota de vehículos vendidos por un fabricante en un año, y que para este ejercicio se ha reducido de modo drástico hasta 93,6 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido de media.
Austria, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia también han solicitado una revisión de las políticas climáticas para el sector de automoción, mientras que países como Suecia se mantienen a favor de mantener las sanciones.
